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Siete subcomisiones medirán el daño
Mientras la comisión de funcionarios federales tomaba estas decisiones en Sonora, el gobernador de la entidad, quien fue relevado del tema, estaba en el DF en busca de respaldo partidista.
Funcionarios del gobierno federal que integran la Comisión Sonora para atender la emergencia provocada por la contaminación del Río Sonora alistan un censo para recabar información sobre la población afectada. Asimismo, acordaron crear subcomisiones que fungirán como ventanilla de atención ciudadana para la administración de 2,000 millones de pesos, creada por la minera Grupo México para reparar los daños.
La Comisión Sonora, encabezada por el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo; el procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, y el titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Ozuna Rivero, sostuvo reuniones entre los integrantes de la Comisión Sonora con los delegados federales y alcaldes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, y Ures , afectados por el derrame tóxico, y acordaron formar subcomisiones operativas en cada una de estas zonas.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Gobernación, estas subcomisiones serán las encargadas de realizar el diagnóstico de daños y recabarán la información de la población afectada.
Asimismo, se constituirán como ventanilla de atención del fideicomiso de 2,000 millones de pesos creado por Grupo México para resarcir los daños provocados por el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi el pasado 6 de agosto.
El lunes 15 de septiembre el fideicomiso acordado con la minera de Grupo México hizo su primera aportación por 500 millones de pesos, con la finalidad de dar cumplimiento al plan de reparación ambiental y -en su caso- pagar daños a los habitantes de los siete municipios afectados por los tóxicos derramados en los cuerpos de agua, anunció Rodolfo Lacy Tamayo en conferencia de prensa celebrada ese día en Sonora.
El funcionario de la Semarnat aclaró que si el monto asignado al fideicomiso es insuficiente, la empresa estaría obligada a seguir aportando capital hasta cumplir con la totalidad del pago por los daños ocasionados.
Para atender a la población de los siete municipios afectados, la Comisión Sonora acordó también la construcción paulatina de plantas potabilizadoras permanentes que garanticen el abasto de agua y la entrega de tinacos en los siete municipios perjudicados. A su vez, se propuso la posibilidad de anunciar el restablecimiento del servicio de agua entubada únicamente para uso doméstico pero no para consumo humano.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, informó que son 25,000 las personas afectadas de los siete municipios, por este accidente medioambiental, catalogado como el más severo de la historia de la minería en México.
Entre las acciones federales para abordar el problema, destaca la inversión de 100 millones de pesos por parte de la Conagua para la construcción de siete plantas potabilizadoras con capacidad para remover todos los metales presentes en el agua del Río Sonora.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Pesca instalará permanentemente ventanillas para determinar la aplicación de recursos extraordinarios que permitan reintegrar la productividad del Río Sonora.
