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Sin avance, denuncias de Función Pública ante la FGR
Enriquecimiento ilícito, el delito más denunciado por la dependencia federal. La institución con más denuncias, desde el 2018, es Pemex y sus subsidiarias, con un total de 52 registros.
La Función Pública es la instancia encargada de vigilar el actuar de los servidores públicos a nivel federal. Foto EE: Archivo
De 306 denuncias presentadas, del 2018 a mayo de 2023, por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho y peculado, entre otros, presuntamente cometidos por funcionarios públicos, sólo dos de ellas han terminado en una sentencia girada por un juez, lo que significa 0.65% del total.
Los dos casos que se encuentran en ejecución de sentencia fueron, uno contra un funcionario del Instituto del Fondo para el Consumo de los Trabajadores, por el delito de enriquecimiento ilícito, cuya denuncia se presentó el 1 de noviembre de 2019; y el segundo fue por peculado, contra un servidor público de la Presidencia de la República, cuya denuncia se presentó el 8 de mayo de 2019, esto según la solicitud de transparencia 330026523002297.
Del total de denuncias presentadas por la SFP, el delito que más se ha denunciado es el enriquecimiento ilícito con un total de 197 indagatorias, lo que significa 60.3% de los casos.
Le siguen, con 48 casos el uso ilícito de atribuciones y facultades; el ejercicio ilícito o indebido del servicio público, con 25 acusaciones; el peculado, con 11, y el uso de documentos falsos, con una suma de cinco casos.
La institución con más denuncias, desde el 2018, es Pemex y sus subsidiarias, con un total de 52 registros; 39 fueron por enriquecimiento ilícito, 10 por uso ilícito de atribuciones y facultades y tres fueron por ejercicio ilícito o indebido del servicio público de sus funcionarios.
Luego, con 23 denuncias, se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social; la misma SFP acumuló 16, mientras que, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sumó 14 denuncias.
Por otro lado, de las 304 denuncias sin resolución, 259 (85.1%) se encuentran en con el estatus de investigación inicial.
Fortalecer instituciones
Expertos comentaron que es necesario fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción y mejorar las investigaciones.
Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), expuso que la baja tasa de resoluciones condenatorias refleja un nivel alarmante de impunidad en el país, lo que incentiva que se siga cometiendo el delito ya que existe una percepción de que la probabilidad de ser sancionado es pequeña.
Aseguró que las autoridades deben de echar mano y colaborar de manera más efectiva con instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, aunado a que es necesario mejorar las capacidades de investigación, no sólo desde una perspectiva de persecución penal, sino también en términos de prevención, ya que esto implica la detección de irregularidades en las declaraciones patrimoniales de funcionarios y el análisis de compras públicas en búsqueda de posibles anomalías.
“Actualmente hay todavía muchos pendientes en el procesamiento de la información de los funcionarios públicos, de las declaraciones patrimoniales; cuáles son los funcionarios públicos que tienen relación con las compras públicas y el cruzar esa información para poder detectar anomalías.
“Eso no está sucediendo y está dentro del margen de facultades actuales de la Secretaría de la Función Pública, pero que hay que meterle presupuesto, hay que meterle personal y esa sin duda es una tarea compleja de hacer pero puede realizarse con los marcos actuales y que podría tener grandes resultados”, aseguró.
Por su parte, Salvador Mora Velázquez, académico de la UNAM, dijo que la autonomía de la FGR es fundamental para garantizar un enjuiciamiento imparcial y efectivo en los casos de corrupción y externó su preocupación de que el actuar actual de la FGR pueda estar influenciado por el Ejecutivo federal.
Mora Velázquez propuso la creación de un órgano de justicia específico para abordar estos casos de manera más efectiva. Esta medida podría agilizar el procesamiento de las denuncias acumuladas y garantizar que los actos de corrupción no queden impunes.
