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Sobrepoblación y calificación a la baja, en Altiplano
El penal del Altiplano cayó en la calificación otorgada por el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, al pasar de 7.53 en el 2013 a 6.98 en el 2014.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que de los 20 centros federales de readaptación social (ceferesos) en el país, el peor calificado en materia de respeto a los derechos humanos de los reos fue el número nueve o norte , ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que obtuvo 5.53 de calificación.
El mejor, con una calificación de 8.18, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, fue el Centro de Rehabilitación Psicosocial, que se ubica en Ciudad Ayala, Morelos.
El Cefereso número 1 Altiplano, de Almoloya de Juárez, Edomex, del que hace dos meses se fugó el peligroso narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, obtuvo una calificación de 6.98.
Dicho centro penitenciario tiene una capacidad para alojar a 836 reos, y al momento de la revisión había 1,140.
En el 2013, la calificación obtenida por el Altiplano fue de 7.53.
Respecto de los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, el Cefereso número 1 obtuvo 5.6 de calificación; 8.6 sobre ofrecer una estancia digna; las condiciones de gobernabilidad fueron calificadas con 7.71; sobre reinserción social del interno, 6.76 y con 6.8 se calificaron los aspectos relacionados con la atención a los grupos de internos con requerimientos específicos.
Entre los problemas detectados en los ceferesos el año pasado destacan los de sobrepoblación, y hacinamiento en los de máxima seguridad; deficiencias en el trato digno, así como en los servicios para mantener la salud de los internos.
Se comprobaron también deficiencias en la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, en prevención y atención de incidentes violentos y fallas relacionadas con el registro de incidentes que afectan la seguridad.
Hubo errores recurrentes en los procedimientos para la remisión de quejas de violación a los derechos humanos de los internos.
El diagnóstico fue realizado por cuarto año consecutivo por la CNDH, en acatamiento de la ley y remitido a la Cámara de Diputados para su análisis.
