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Sobrevivientes de Atenco piden castigo de responsables
Las representantes de las víctimas reiteraron que su principal deseo es que se sancione a todos los responsables y por lo tanto no contemplan la posibilidad de conciliar.
A nueve años de los incidentes registrados en San Salvador Atenco, las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual durante el operativo policiaco, rechazan las acciones del Estado mexicano, pues advierten que la reparación del daño no se centra en la esfera económica sino a través de la verdad y la justicia.
Las mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciarlas agresiones sexuales de las que fueron víctimas y solicitaron que el gobierno cese sus acciones dirigidas a demorar, bloquear o interferir con el trámite del mismo ante dicho organismo internacional.
En conferencia de prensa, celebrada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) -organización civil que les ha acompañado-, Norma Jiménez, Edith Rosales y Bárbara Italia Méndez; tres de las víctimas reclamaron la publicación en la Gaceta Oficial del estado de México un fideicomiso para dar apoyo económico a las mujeres que durante el operativo policíaco de 3 y 4 de mayo de 2006 sufrieron tortura sexual, lo cual aseveraron, no es sólo ofensivo para las peticionarias, sino que las coloca en una situación de inseguridad.
Las representantes de las víctimas reiteraron que su principal deseo es que se sancione a todos los responsables y por lo tanto no contemplan la posibilidad de conciliar. El fideicomiso que intentan dar es una forma de dilación. Tratan de comprar nuestra dignidad, pagar por haber utilizado nuestro cuerpo como una forma de castigo. Con la reparación económica quieren terminar todo un proceso de lucha , argumentó Edith Rosales.
No hay salida amistosa, nuestro interés no es el dinero, se trata de dignidad y de justicia. No nos detendremos hasta conseguirla , condenó Bárbara Italia Méndez.
Por su parte, la abogada del Centro Podh Stephanie Brewer, explicó que la base de las acciones gubernamentales es dilatar el informe de fondo de la CIDH, el cual podría presentarse en la próxima sesión de este órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) a llevarse a cabo en junio.
El documento incluiría recomendaciones para el Estado mexicano por las violaciones a las garantías fundamentales de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual. De acuerdo con los procesos propios de la CIDH, las autoridades nacionales tendrían un periodo para cumplir con los exhortos; de no cumplirse, el caso podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
ana.langner@eleconomista.mx
mfh
