Sociedad civil y empresarios exigen una Fiscalía que sirva

Cientos de organizaciones convocadas por los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva se pronunciaron para que se reforme el modelo de Fiscalía General de la República (FGR), un tema que dijeron es toral dadas las condiciones de impunidad que se viven en el país.

Apostados en el Ángel de la Independencia, activistas, académicos y empresarios informaron que se entregará la propuesta ciudadana al Congreso de la Unión para pedir la reorganización del modelo de la FGR puesta en las leyes en el segundo año de la administración de Peña Nieto, pero que a la fecha aún no opera.

Más allá de trayectorias o divergencias políticas, hay temas centrales para la vida de México en los que convergen colectivos de víctimas, la academia, la sociedad civil organizada y el sector empresarial. Todos coincidimos. Es el momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la impunidad , expusieron.

En concreto, recalcaron que la propuesta pide tres características para esta figura que se supone remplaza a la Procuraduría General de la República: que sea autónoma, capaz e independiente.

La autonomía constitucional aprobada en el papel en 2014 corre el riesgo de ser un simple estatus jurídico si no viene acompañado de mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y una completa profesionalización , subrayaron en su pronunciamiento.

La propuesta busca que se garantice la independencia política del Fiscal General y las fiscalías especializadas en el tema anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos; y desvincular estos puestos clave de prácticas de control político desde los partidos.

También que sean seis y no nueve los años en que dure la titularidad del fiscal general, que se cree un Consejo del Ministerio Público de la Federación y se incorporen facultades a la nueva Fiscalía para atraer casos del fuero común que revistan importancia para el ámbito nacional y en los que las instancias estatales no hayan podido resolver.

Entre las firmas que respaldan el posicionamiento se encuentran Confederación Patronal de la República Mexicana, la Fundación para la Justicia, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras.