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Sólo 238 sentencias de 4,525 militares juzgados
Sin especificar los delitos, la Sedena informó que la mayoría de los procesados -185- recibieron una pena de dos meses de prisión.
En los dos primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, alrededor de 4,525 militares han sido sometidos a un procedimiento ante la justicia castrense. De ese número, 238 ya cumplen una sentencia de entre un mes y 15 años de prisión en alguna cárcel del fuero militar.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió una solicitud de información hecha por El Economista, en la que informa que del 1 de diciembre del 2012 -el inicio del actual gobierno federal- hasta el 31 de diciembre del 2014, 4,525 militares fueron sometidos a un proceso ante la justicia militar, siendo la probable responsabilidad en la comisión de un delito la causa por la que fueron llamados por los tribunales militares.
En la solicitud de información 000700022715, la Sedena menciona que 238 militares juzgados durante ese periodo ya recibieron alguna sentencia condenatoria.
Aunque no se especificó el delito por el que fueron procesados y sentenciados, la Sedena refirió en su respuesta que un militar fue sentenciado a 40 días de prisión; otros 12 recibieron condena de 45 días de arresto; en 26 casos se determinó un mes de encarcelamiento.
En 185 casos de militares procesados, la justicia militar ordenó dos meses de prisión para ese número de efectivos; en otros cinco casos, se formuló sentencia por tres meses de condena; en un caso se aplicó pena de seis meses; a otros dos militares se les aplicó condena de ocho meses.
A un militar se le determinó responsabilidad por algún delito, por lo que mereció pena de nueve meses de prisión; otro, un año y cuatro meses; un militar más dos años, y otro obtuvo nueve años y 16 días de prisión. Finalmente, la Sedena precisó que sólo un militar obtuvo la condena más alta, de 15 años de prisión.
Tlatlaya, el caso más controvertido
El operativo de Tlatlaya, por el que 15 personas fueron asesinadas por militares a pesar de haberse rendido, ha sido el caso más polémico en los dos años del actual gobierno federal, mismo que inició en el fuero militar y concluyó en la vía civil.
El pasado 25 de septiembre, el Juzgado Sexto Militar inició un procedimiento en contra de un oficial y siete elementos de tropa, adscritos a la Primera Región Militar, en el Campo Militar No 1-A, quienes participaron en el operativo del 30 de junio del 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, donde dichos elementos asesinaron a 15 de 22 personas, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El entonces titular de la PGR, Jesús Murillo, anunció que esa investigación surgida en el fuero militar sería atraída por la autoridad civil, por lo que el 2 de diciembre pasado, un juzgado federal determinó responsabilidad de siete miembros del Ejército.
Se trata de Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leonides, a quienes se les imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En el caso de Quintero, Acevedo y Hernández, se les atribuyó también su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
