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Sube riesgo de corrupción en 7 de 10 dependencias
En el año pasado, 38% de las compras del gobierno fue bajo la figura de la adjudicación directa. En la categoría de instituciones que gastaron más de 3,000 millones de pesos, la institución con mayor riesgo de corrupción fue Birmex.
El riesgo de corrupción en las compras públicas aumentó en siete de cada 10 dependencias del gobierno federal, entre 2021 y 2022, reveló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Entre dichos años, según el informe de la ONG, el puntaje de riesgo de corrupción subió en 184 (71%) dependencias federales; en 76 (28%) se observó una disminución y en dos (1%) no se registraron cambios; estas son la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Pediatría.
En el estudio del IMCO, es oportuno precisar, se asigna un puntaje que va entre 0 y 100; en donde un valor más alto indica que existe un mayor riesgo de corrupción en sus compras públicas.
La publicación destacó que en 2022 se registraron 174,218 contratos por un valor de 513,368 millones de pesos, de los cuales 84% del gasto en compras se concentró en 27 instituciones; dejando el 16% restante entre 235 instituciones restantes.
Ranking de instituciones
En la categoría de instituciones que gastaron más de 3,000 millones de pesos en 2022 en compras, Birmex fue la de mayor riesgo de corrupción con una evaluación de 70; 26 puntos más que en la edición anterior.
El Puerto de Salina Cruz, con una calificación de 68, estuvo en segundo lugar, y en tercero la Secretaría de Marina, que obtuvo 64 puntos.
En la categoría de gasto entre 1,000 y 3,000 millones de pesos, la Lotería Nacional fue la que mayor riesgo ya presentó con una calificación de 73, que significó un aumento de 38 puntos con respecto al Índice de 2022.
Le siguió el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (70) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (62).
La institución con mayor riesgo, en la categoría de dependencias que gastaron entre 500 y 1,000 millones de pesos, fue el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas con un puntaje de 73, que significó un alza de 32 puntos.
Detrás, con 60 puntos, estuvo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y, con 53 puntos, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
Entre las instituciones que gastaron menos de 500 millones de pesos, Talleres Gráficos de México lideró como la de más riesgo con una puntuación de 100, la más alta para cualquier institución; esta calificación significó un alza de 63 puntos.
Le siguió la Agencia Federal de Aviación Civil y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea con puntajes de 90 y 81, respectivamente.
El análisis del IMCO, según se fundamenta en el reporte, está centrado en instituciones públicas federales que están obligadas, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a publicar sus contrataciones en la plataforma Compranet.
Factores de riesgo
Uno de los factores de riesgo identificados en el documento es la falta de competencia en las compras públicas ya que, a lo largo del año pasado, ya que el 38% del gasto en adquisiciones fue mediante adjudicaciones directas, mientras que el 28% del monto total licitado se entregó en concursos que tuvieron la participación de tres empresas o menos.
La organización calificó estas prácticas como “obstaculizadoras de la competencia económica”, la transparencia y el cumplimiento de la ley de los procesos de compra.
Otro problema que detectó el IMCO fue la falta de transparencia en las adjudicaciones directas, ya que en 2022 las justificaciones más utilizadas fueron la comercialización directa, con un 17% del total.
Detrás estuvo, con 15%, un solo proveedor/sin sustitutos. El 8% del monto total de las adjudicaciones directas de 2022 no contó con una justificación legal, lo que representó un incremento de seis puntos porcentuales con respecto al estudio anterior.
Además, IMCO señaló que más de 13,000 adjudicaciones directas (16%) no contaron con el documento de contrato disponible al público.
Mientras que, más de 2,000 licitaciones públicas (30% del total), estuvieron incompletas en cuanto a la publicación de los documentos requeridos.
Ante estos resultados, el IMCO propuso reformar el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) administrado por la Secretaría de la Función Pública para que cumpla la función de proporcionar información útil y oportuna a las instituciones contratantes.
