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Suman 102 denuncias contra superdelegados federales: SFP
El 14 de enero pasado, un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa suspendió la inhabilitación y multa impuesta por la SFP a Laboratorios Solfran, empresa ligada a Lomelí.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que ha recibido 102 denuncias contra los llamados superdelegados del bienestar, por conductas como usurpación y abuso de funciones, proselitismo, violencia de género y nepotismo.
“Tenemos 102 denuncias que nos han llegado a la Función Pública presentadas contra exdelegados del bienestar y delegados”, se expresó.
En Palacio Nacional, acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la dependencia, Irma Eréndida Sandoval, mencionó que, de ese número de denuncias, 24 están concluidas y ocho están en proceso de responsabilidades. La funcionaria no dio a conocer los nombres de los superdelegados y exdelegados del bienestar con denuncias.
No obstante, ha trascendido que los investigados por la SFP son los delegados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco.
El pasado 19 de noviembre, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó también de investigaciones a movimientos financieros de nueve delegados con el propósito de verificar su patrimonio, aunque no ha dado a conocer resultados.
La secretaria Sandoval mencionó que en el caso del exdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, se abrieron siete líneas de investigación contra él por posible conflicto de interés y contra algunas de sus empresas dedicadas a la venta de fármacos al gobierno federal, por lo cual, se determinaron algunas sanciones. Mencionó que la defensa legal de una de esas empresas ya presentó una suspensión a efecto de evitar la sanción de la SFP.
“Culminamos dos de estas investigaciones concernientes a contrataciones públicas y empresas vinculadas o posiblemente vinculadas al exdelegado con inhabilitaciones”.
La funcionaria destacó que las conductas atribuidas a dichas empresas son consideradas como graves, por lo que ahora la suspensión deberá de ser resuelta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“Sí encontramos (...) elementos de posible asignación de una falta administrativa. En este caso sería una falta administrativa grave y por lo tanto, también tendría que sustanciar y resolver el Tribunal de Justicia Administrativa”, planteó.
