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Política

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Suprema Corte avala que GN realice tareas migratorias

Por mayoría de votos de los ministros se invalidó la facultad para realizar operaciones encubiertas para prevención del delito.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la validez de tres fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional en materia de migración, que establecen que es atribución y obligación de la Guardia Nacional (GN) vigilar e inspeccionar la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos y aduanas; inspeccionar documentos migratorios de personas extranjeras para verificar su estancia regular y presentarlas si se encuentran en situación irregular, y resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros.

También declaró válidos seis artículos de la norma impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que facultan a la GN para intervenir comunicaciones por considerar que dotan a la figura regulada de un marco jurídico certero y preciso.

Así como las cinco fracciones del citado artículo 9 que facultan a la GN a realizar investigación para la prevención de los delitos; recabar información en lugares públicos utilizando medios e instrumentos y cualquier herramienta necesarios para la generación de inteligencia preventiva; obtener, analizar y procesar información, y realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de Internet sobre sitios web para prevenir conductas delictivas, y requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de investigación.

Por el contrario, el máximo tribunal constitucional del país declaró la invalidez de la fracción VI del artículo 9, que faculta a la GN a realizar “operaciones encubiertas y de usuarios simulados”, en investigaciones para la prevención de delitos.

Resguardo

Luego de que los ministros Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Jorge Pardo, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar se manifestaron en contra de su propuesta en el sentido de declarar la invalidez de la fracción XXXVI del artículo 9, el ponente Javier Laynez modificó su proyecto por la validez de la porción que establece que es atribución de la GN:

“Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren”.

Zaldívar argumentó que cuando se solicita por el INM, el apoyo de la GN “es una garantía para la seguridad, precisamente de las personas migrantes y de los centros migratorios.

Acabamos de ver una tragedia terrible, precisamente, en un centro migratorio o en un lugar donde estaban personas migrantes donde, al parecer y hasta lo que se sabe, estaba encargada la seguridad local a una institución privada donde no se tenían los mínimos elementos necesarios. Yo creo que una institución como la Guardia Nacional es una salvaguarda de que los lugares tengan las condiciones necesarias y que, adicionalmente, se cuide a las personas migrantes que en ellas se encuentren”, recordó.

En su oportunidad, Laynez explicó, en calidad de ponente, que su proyecto sostiene que es constitucionalmente válido situar agentes de la GN en todos estos lugares, como aeropuertos, aduanas, recintos, carreteras, etcétera, porque precisamente lo hace para fines de seguridad pública y de mantenimiento del orden público.

“Eso sí constituye un control preventivo provisional y no una facultad para realizar actos de molestia, sin parámetros objetivos”, precisó.

Rechaza Segob ruptura con poder Judicial

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, solicitó el resguardo de la sede del tribunal constitucional del país por parte de la Guardia Nacional, informó Adán Augusto López Hernández.

El secretario de Gobernación aseguró durante la conferencia de prensa habitual en Palacio Nacional, en suplencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien padece Covid, que la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial seguirá siendo institucional.

“De manera institucional será la relación. Ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días, últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida hacia, o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial, institucional, mediante un oficio a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones, y ya se acordó un tratamiento institucional hacia esa petición. Entonces, de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte”, dijo.

rolando.ramos@eleconomista.mx

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