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Suprema Corte ordena a gobierno de Veracruz devolver 96.4 millones de pesos no justificados en gestión de Duarte
Fue el 12 de octubre del 2016 cuando el entonces gobernador veracruzano, Javier Duarte, actualmente preso, pidió licencia al cargo en medio de una serie de acusaciones por hechos de corrupción en su administración.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al gobierno de Veracruz devolver a la Federación 96.4 millones de pesos del ejercicio fiscal 2014, debido a que el entonces gobierno de Javier Duarte no comprobó que hubieran sido destinados a la contratación de un seguro agropecuario catastrófico que protegería a los productores rurales de bajos ingresos.
Fue el 12 de octubre del 2016 cuando el entonces gobernador veracruzano, Javier Duarte, actualmente preso, pidió licencia al cargo en medio de una serie de acusaciones por hechos de corrupción en su administración.
En ese marco, los 11 ministros de la Suprema Corte, en una sesión por videoconferencia, analizaron un juicio promovido por el Poder Ejecutivo federal en contra del Poder Ejecutivo del wstado de Veracruz, en donde el primero demandó la terminación del Convenio de Coordinación celebrado el 18 de febrero de 2014 y de su anexo técnico.
El proyecto de la ministra Norma Lucía Piña, que después fue respaldado por el pleno, mencionó que el Poder Ejecutivo de Veracruz, entonces a cargo de Javier Duarte, no demostró haber contratado el mencionado seguro con los recursos recibidos ni haberlos reintegrado a la Federación, por lo que incumplió con sus obligaciones conforme al Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebraron la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el estado de Veracruz el 18 de febrero de 2014.
Por ese motivo, el pleno del máximo tribunal del país condenó al Poder Ejecutivo de Veracruz, actualmente a cargo de Cuitláhuac García del partido Morena, devolver a la Federación 96 millones 470,817.15 pesos, así como al pago de rendimientos y cargas financieras.
Lo anterior, por no haber aplicado, durante el ejercicio fiscal 2014, los recursos que le fueron otorgados para la contratación de un seguro agropecuario catastrófico, que protegería a los productores rurales de bajos ingresos del Estado de Veracruz.