TEPJF confirma "supermayoría" de Morena y aliados en la Cámara de Diputados

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el reparto de plurinominales que realizó el INE, por lo que también validó la “supermayoría” de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

Con cuatro votos a favor y el voto en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis, el pleno del máximo tribunal en materia electoral avaló la asignación de plurinominales aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual permite que Morena y sus aliados, el PT y PVEM, tengan 364 legisladores en la Cámara de Diputados, una mayoría calificada para poder modificar la constitución.

En tanto, el bloque de oposición, integrado por el PAN, PRI y PRD, ocupará 108 curules; mientras que Movimiento Ciudadano se integrará por 27 diputados, además de que habrá una diputación independiente en San Lázaro.

En tanto, en el Senado, Morena y sus aliados, tendrán 83 senadurías; la oposición del PAN, PRI y PRD, contará con 40 escaños, y MC con otras cinco.

Se recibieron más de 8,600 impugnaciones

Al abrir la sesión, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso reconoció que la discusión de la integración del próximo Congreso de la Unión es un tema que ha acaparado la atención de la sociedad en general, al tiempo que destacó que ello generó que en estos días se presentarán diversos posicionamientos, argumentos e interpretaciones respecto a la decisión que debía tomar este tribunal.

Asimismo, detalló que se recibieron cientos de correos, amicus curiae y, desde luego, un nutrido número de impugnaciones que superaron los 8,600 casos, con “razonamientos, muchos se esgrimen desde una óptica política, otros desde la opinión social, y en algunos más están basados también, en consideraciones económicas”.

No obstante, y pese a todos estos reclamos, la magistrada presidenta enfatizó que “a nosotros como Tribunal Constitucional, no nos toca inclinar la balanza a favor o en contra de una fuerza mayoritaria, eso ya lo hizo la ciudadanía en las urnas”.

Lo anterior luego de rechazar una propuesta de la magistrada Otálora Malassis, que buscaba aplicar una nueva fórmula al reparto de plurinominales. “(La propuesta) viene a modificar las reglas del juego, cuando ya están definidos ganadores, cuando ya está definido el resultado de la elección y, en ese sentido, se podría pensar que violentamos la certeza y la seguridad jurídica”, aseguró Soto Fregoso.

“La responsabilidad principal de este Tribunal constitucional es resguardar y velar porque la representación de las distintas fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión sea precisamente reflejo de ese mandato popular”, añadió.

En tanto, al mostrar su desacuerdo con el acuerdo del INE, la magistrada Otálora Malassis alertó que los partidos mayoritarios en estos últimos años han perfeccionado mecanismos para evadir los límites de la interpretación de los artículos constitucionales referentes a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados a través de los convenios de coalición, lo cual, dijo, se ha hecho evidente particularmente desde el año 2015.

“El sistema constitucional de pesos y contrapesos está diseñado justamente para evitar el abuso de poder y proteger las libertades ciudadanas, y este modelo de división de poderes basado en una vigilancia recíproca, no sólo mejora la eficiencia en el desarrollo de las funciones del Estado, sino que también garantiza una esfera de libertad para las personas al limitar el poder mediante una cuidadosa distribución de competencia.

“En las elecciones pasadas las coaliciones participantes distorsionaron este principio al distribuir las diputaciones de manera que no reflejaba fielmente la voluntad popular”, destacó.

Por su parte, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera aseguró que no era “razonable que cuando el resultado electoral ya se generó nosotros acudamos como correctores de la voluntad ciudadana, como si supiéramos lo que en realidad quiso decidir, pues repito, ya existían reglas que exigían ser observadas y que no pueden ser modificadas, pues sus consecuencias también se encontraban identificadas a lo largo de las normas que ha emitido tanto el INE, como las sentencias de este Tribunal Electoral”.

Reconocen deficiencias en reglas actuales

Mientras que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, consideró que las reglas con las que actualmente cuenta el sistema electoral son insuficientes para atender la duplicidad de la participación que se permite a los partidos, por ello, destacó la necesidad de realizar una interpretación sistemática y funcional de la norma, pues, dijo, se ve con una clara la realidad: “en su estado actual, el sistema electoral de México carece de coherencia estructural”.

Finalmente, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, titular del proyecto, recalcó que “nos guste o no nuestro modelo actual no es proporcionalidad pura, sino mixto. ¿Se podrá cambiar para 2027? Ciertamente sí, pero hasta entonces, mientras la Constitución, la ley y los precedentes no cambien, el deber de las autoridades electorales es el de aplicar las actuales reglas del juego”.

Asimismo, enfatizó que el descontento de algunas fuerzas políticas con el resultado de la composición de la Cámara de diputaciones jamás podrá ser una razón para modificar sin más, la manera de interpretar la Constitución, al exigir que este Tribunal varíe la forma en que desde 2009 ha entendido la fórmula de sobrerrepresentación.

Además, criticó que lo que realmente se está demandando es que se modifique la vía judicial el resultado de la voluntad popular, una exigencia, que, dijo, se generó hasta que algunos partidos vieron que el resultado de la elección no les fue favorable a sus intereses.

“Así, lo que en realidad se busca es cambiar las reglas del juego una vez que éste ya se jugó y que se obtuvo un resultado que simplemente no les gustó a algunos actores. En cualquier evento de carácter deportivo esto sería absurdo e inconcebible”, sentenció.