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TFJA ratifica resolución contra empresa involucrada en caso de la Estafa Maestra
Cinco funcionarios públicos son responsables de la adjudicación ilegal de un contrato a Dumago Systems Solution por más de 33 millones de pesos por servicios que nunca proporcionó.
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó una resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del 11 de enero de 2019, que determina a la empresa Dumago Systems Solution y a cinco servidores públicos una responsabilidad resarcitoria por el daño causado a la hacienda pública federal por 33 millones 633,000 pesos, caso que forma parte del esquema de defraudación conocido como La Estafa Maestra.
Por unanimidad, los 11 magistrados que integran el pleno aprobaron la ponencia presentada por el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, según la cual se encontró infundada la pretensión de dicha empresa de que se considerara que el pago de recursos federales que la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) hizo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con motivo del convenio de colaboración que suscribieron el 6 de mayo de 2013, provoque que dichos recursos pierdan la calidad de presupuesto federal y, en virtud de ello, la ASF no pueda fiscalizarlos.
El magistrado ponente relató que el origen de ese asunto tiene que ver con el esquema de operaciones irregulares conocido como la Estafa Maestra, donde la Sedesol contrataba servicios con universidades del país, aprovechando que a éstas no le resultaban aplicables las reglas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Además, las universidades subcontrataban indebidamente a terceras empresas para cumplir las obligaciones pactadas, las cuales supuestamente prestaban los servicios en forma peculiarmente rápida, con fechas de entrega contradictorias e, incluso, sin evidencias de los servicios contratados, es decir, eran empresas que una vez que se les pagaban los servicios desaparecían.
Los cinco funcionarios involucrados en este hecho en particular son Humberto René Islas Cortés, director de Recursos Materiales de la Sedesol; Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y Contratos, de la misma; Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Hugo Manuel del Pozo Rodríguez, representante legal de dicha universidad y Wistano Orozco, director de proyectos especiales de la misma casa de estudios.
A ellos, la ASF les reprocha haber causado un daño en la hacienda pública, porque en el ejercicio de sus atribuciones, indebidamente celebraron un convenio de colaboración entre dichas instituciones en el que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, “en forma por demás ambigua y genérica” se obligó a proporcionar diversos servicios de asesoría especializada en materia de adquisiciones, arrendamientos, difusión y promoción social a la Sedesol, los cuales no fueron recibidos, conforme a la normatividad aplicables, ya que los entregables respectivos carecían de nombre y forma del responsable.
El magistrado ponente también expuso que no correspondían a los objetos establecidos en el decreto del sistema nacional para la Cruzada contra el Hambre y tampoco correspondían a los programas sociales de la Sedesol.
Asimismo, la ASF, consideró que la empresa, también ocasionó daño a la hacienda pública federal, al haber figurado como la empresa que supuestamente proveyó los servicios pactados entre la universidad en cuestión y la Sedesol, cuando, en los hechos, la demandante nunca demostró que realmente hubiera proporcionado dichos servicios.
Según el magistrado ponente, lo que sí quedó acreditado fue que esa universidad le pagó a la actora, injustificadamente, 33 millones 633,000 pesos, por servicios irregulares.
Por ello, propuso reconocer la validez de la resolución impugnada, al haberse demostrado que la autoridad fiscalizadora aplicó la normatividad correcta respecto de las formalidades esenciales del procedimiento y también fundó y motivó debidamente su resolución.
En tanto, la empresa no desvirtuó la conducta que le fue reprochada consistente en que recibió, indebidamente, en su calidad de proveedor de dicha casa de estudios, un monto total de 33 millones 633,000, para realizar servicios de asesoría especializada en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con la entonces Sedesol, sin haberse comprobado que dichos servicios fueran elaborados por esa empresa en razón de que los entregables aportados tienen fecha anterior a la contratación, aunado a que la demandante tiene una actividad preponderante ajena a los servicios solicitados como es el comercio al por menor de computadoras y sus accesorios.
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