Tala ilegal, el otro delito silencioso

El robo de combustible (huachicol) surgió como una actividad ilegal silenciosa, pero no es la única. La tala ilícita de madera es otra práctica irregular en México que genera ganancias millonarias para los talamontes y afecta el ambiente natural.

De acuerdo con la UNAM, al menos 70% de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal. Y según el estudio Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la tasa de deforestación de México es de 155,000 hectáreas por año, de las cuales 60,000 tienen su origen en la tala clandestina.

También, según dicho estudio, las dos terceras partes de la madera que se comercializa en el país provienen de la tala ilegal. En México, los territorios de Oaxaca, Chiapas y Chihuahua son los más afectados por dicha actividad.

La tala ilegal genera ganancias anuales, para grupos que a ello se dedican, entre 10,000 y 15,000 millones de dólares a nivel global, según el informe Justicia para los Bosques, del Banco Mundial.

A nivel jurídico, la tala ilegal de árboles no es un delito federal en nuestro país, pues “no está tipificado como tal en el Código Penal Federal”, precisó la extinta PGR, actualmente Fiscalía General de la República.

Sin embargo, esa instancia ha iniciado diversas investigaciones en los últimos 18 años por infracción al Título Vigésimo Quinto sobre Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, artículos 418, 419 y 420 del Código Penal Federal.

La norma federal establece que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión, y de 300 a 3,000 días de multa, a quien desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal.

Según datos abiertos de la extinta PGR, del 2000 al 2018 ha abierto investigaciones por infracción a dicha norma. En primer lugar, Chihuahua, donde la Procuraduría inició 231 averiguaciones previas en los últimos 18 años; seguido de Oaxaca, donde se iniciaron 53; así como en Chiapas y Jalisco, donde se acumularon 50 averiguaciones por cada entidad.

En la lista sigue el Estado de México, con 82 carpetas; Nuevo León, con 33; Campeche, con 31; Sinaloa, con 24; Tlaxcala, con 23; Guerrero, con 11; Querétaro, Sonora e Hidalgo, con cinco por cada estado; Baja California y Baja California Sur, con cuatro en cada uno; Durango, tres; Coahuila y San Luis Potosí, dos averiguaciones, respectivamente.

Los datos de la PGR indican que en las entidades donde no se registran investigaciones por tala ilegal son: Colima, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, aseveró que el clandestinaje forestal tiene “fuertes implicaciones” sociales, ambientales e institucionales.

“La producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales”, alertó.

las iniciativas en el congreso

En el Congreso, legisladores federales han presentado diversas iniciativas para tipificar como delito grave la tala clandestina de árboles. Sin embargo, la mayoría está en la congeladora.

Es el caso de un proyecto que promovió el diputado Eduardo Ledesma Romo (PVEM), el 3 de marzo del 2011, en el que propuso sancionar a quienes adquieran, posean, custodien o reciban por cualquier motivo madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier recurso forestal maderable o su equivalente en madera aserrada, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Dicha iniciativa fue aprobada en el Senado, pero quedó congelada en la Cámara de Diputados.

jmonroy@eleconomista.com.mx