Tribunal niega amparo a Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, en caso de corrupción financiera

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito rechazó amparar al presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, contra la orden de aprehensión que obtuvo en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra del empresario, a raíz de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que involucra recursos presuntamente no reportados a la autoridad fiscal por 4.3 millones de pesos de 92 empresas, incluyendo GINgroup, y por lo cual esa unidad interpuso siete denuncias penales ante la FGR.

Raúl Beyruti encabeza GINgroup, la cuarta compañía de subcontratación laboral, asesoría y administración de capital humano más grande de México, y da servicio a unas 4,500 empresas, mismas que subemplean a unas 180,000 personas.  

GINgroup opera en República Dominicana, Colombia, España, Canadá, Perú y en las ciudades estadounidenses de Miami, Los Ángeles, Nueva York y Houston.

El 28 de septiembre del 2020, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la entonces vicepresidenta de GINgroup, María Beatriz Gasca Acevedo, de financiar a un grupo de mujeres que tenían tomada la sede de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El consorcio negó en un comunicado tal situación, y anunció la separación de Gasca.

Previamente, el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera tenía una serie de investigaciones abiertas contra empresas del outsourcing, incluyendo las compañías que opera Raúl Beyruti.

En su oportunidad, el presidente de GINgroup negó que sus empresas lucraran con la subcontratación laboral y evadiera impuestos a través de la facturación. Argumentó que sus empresas cumplen con los lineamientos legales, fiscales y laborales, y que su objetivo empresarial es crecer y crear empleo.

En noviembre del 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) diversas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión que tipifican la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada. Estos ilícitos, considerados como amenazas a la seguridad nacional, ameritan prisión preventiva oficiosa y sanción con dos a 9 años de prisión.