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Dejan firme sanciones contra exdelegado de Sagarpa
La Secretaría de la Función Pública confirmó una inhabilitación por 10 años y una multa resarcitoria por 57 millones 192,000 pesos contra un exdelegado federal en Chiapas de la entonces Sagarpa.
La Secretaría de la Función Pública informó que la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación por 10 años y una multa resarcitoria por 57 millones 192,000 pesos contra un exdelegado federal en Chiapas de la entonces Sagarpa.
La dependencia señaló que dichas sanciones se deben a irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016.
Se detalló que estas irregularidades fueron detectadas en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tras la correspondiente investigación determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa.
Por tal razón, agregó la SFP, el OIC en Sader le impuso al exfuncionario, en diciembre de 2019, una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de diez años y una multa resarcitoria por 57 millones 192,000 pesos.
Además, se recordó que las irregularidades constituyen un uso indebido de funciones, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, toda vez que no se cumple con el servicio que le fue encomendado a los servidores públicos.
Por lo anterior, se detalló que, en 2020, el exdelegado inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); “sin embargo, dicha instancia concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva”.