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Política

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Una iniciativa de ley similar a la de Arizona

Hoy el Senado reanuda el debate de una ley migratoria que buscaba proteger los derechos de ilgales que pasan por territorio mexicano.

Si el gobierno de México llegara a aprobar una legislación que permite a la Policía Federal detener a migrates, se estaría haciendo una analogía de la situación de los mexicanos en Arizona donde una persona que se vea como migrante puede ser detenida, lo cual es violatorio a los derechos humanos , expresó Patricia de los Ríos, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA).

En el país la impunidad y la corrupción son problemas serios que pueden promover los abusos por parte de las fuerzas policiacas en contra de los indocumentados, detalló la académica, quien vio con buenos ojos que la Ley de Migración se discuta ampliamente hoy en el Senado para evitar violaciones a las garantías individuales de los extranjeros que se ubiquen o transiten en México.

En específico, hay puntos en la iniciativa de ley migratoria mexicana que se asemejan a los contenidos de la llamada ley Arizona, como las sanciones a quienes den empleo a inmigrantes indocumentados, que en el caso mexicano serían de 100 a 500 días de salarios mínimos.

Si bien esta medida en teoría intenta evitar la explotación de los emigrantes, el problema es la corrupción e impunidad, pues en el momento que se aplica podría servir como venganza de otro tipo .

La analista consideró que tipificar el delito que cometen los polleros es un avance, no obstante, la manera en que está redactada la ley podría criminalizar a los defensores de los derechos humanos que transporten a un indocumentado herido o lo trasladan a otro sito por ayuda humanitaria.

Pero si la ley es estipulada tal y como fue aprobada en lo general el martes pasado en el Senado, podría abrirse otro frente para México, pues traería implicaciones diplomáticas con naciones centroamericanas como Honduras, Guatemala y El Salvador, países que, a partir del asesinato de 72 individuos de estas nacionalidades en Tamaulipas el años pasado, tienen una participación más activa frente a México.

La académica de la UIA enfatizó: México es un país expulsor de migrantes y un Estado de trasmigración, no puede pedir en el norte (EU) lo que no está dispuesto a conceder en el país y abundó que las garantías de los mexicanos en Estados Unidos podrían verse mermadas por estas políticas.

Por otra parte, Celia González, directora de la Matrícula de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Estado de México, sostuvo que si bien no es inadecuado que la iniciativa de ley contemple penas de hasta 16 años de cárcel para quien ingrese al país a una o dos personas sin la documentación correspondiente, se requiere enfocar las actividades de los servidores públicos que se encargan de regular la llegada de centroamericanos a nuestro país hacia Estados Unidos.

Agregó que México debe convertirse en filtro y policía de Estados Unidos, pues debe respetarse la soberanía nacional.

Celia González expresó también su preocupación por la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación contrajera la facultad de dirigir las políticas migratorias y se elevara a rango de ley el accionar del Instituto Nacional de Migración, pues quien debe regularlo es la Secretaría de Estado.

Se requieren fortalecer las instituciones para que esta ley pudiera funcionar adecuadamente, pues si bien da señales de avance como ofrecer seguridad en salud a los inmigrantes, la distancia entre el discurso político y la voluntad política es una brecha enorme , opinó César Rojas, director de la firma de asesoría en seguridad y geopolítica MBC Directors.

alangner@eleconomista.com.mx

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