Unicef y Colef alertan sobre ausencia de atención especializada para menores víctimas de desplazamiento forzado

Con estimaciones que indican que más del 30% de las víctimas de desplazamiento forzado interno en México son niñas, niños y adolescentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que tanto las causales de los desplazamientos forzados y el evento mismo violentan, de tajo, prácticamente todos los derechos humanos de estos menores. 

Al presentar el informe “Es mucho daño lo que yo tengo. Niñas, niños y adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México” el organismo internacional de la mano del Colegio de la Frontera Norte (Colef), sostuvieron que el desplazamiento forzado de la niñez y adolescencia en el país se caracteriza por la ausencia de atención especializada y respuesta integral a sus necesidades.

Al tiempo que se ven violentados de manera grave sus derechos a la protección de la salud y a la educación; a la seguridad jurídica y al debido proceso; a la participación; a vivir en condiciones de bienestar y al sano desarrollo integral, así como el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

Aunado a que estas vulneraciones pueden provenir de la familia, con perpetradores que los exponen a niveles de violencia extrema; del Estado, con las deficiencias expuestas en la impartición de justicia y las omisiones en su atención antes y durante el desplazamiento; y de las instituciones u organismos con los que menores desplazados forzados llegan a estar en contacto, al observar una tendencia a prácticas paternalistas y adultocéntricas que suelen tomarlos poco en cuenta.

El informe señala que tanto el crimen organizado, la violencia familiar y de género, son los principales motores de los desplazamientos forzados de menores en México, y de acuerdo a información del Observatorio de Desplazamiento Interno in Ginebra (IDMC, por sus siglas en inglés), en 2018 había 338,000 personas desplazadas en todo México por motivos de conflicto y violencia, de las cuales 105,000 (31% del total) eran niñas, niños y adolescentes. Para finales de 2021, la estimación llegó a 379,246 personas.

Por lo anterior, se identificó que desde 2014, se ha registrado una llegada continua de familias a diferentes espacios de alojamiento en Tijuana, procedentes principalmente de Guerrero y Michoacán, que abandonaron sus localidades de origen por diversos motivos y no desean volver a ellas.

Y es que muchas de las familias e individuos afectados se desplazan a la frontera norte para intentar cruzar a Estados Unidos y solicitar asilo como media de protección tras haber enfrentado homicidios y desapariciones de familiares, amigos y vecinos, reclutamiento por parte del crimen organizado, abuso y explotación sexual, violencia de género y extorsión, entre otras situaciones, y sienten que no pueden volver a sus comunidades de origen de manera segura.

“Este informe revela que el impacto del desplazamiento forzado en las vidas de niñas, niños y adolescentes no se limita a los efectos inmediatos de la interrupción de su educación o del cambio abrupto de residencia. Sin intervención oportuna, está en riesgo su bienestar y desarrollo a largo plazo”, señaló Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México. 

El informe subraya que el incremento del desplazamiento forzado interno de los últimos años se explica, en parte, como producto de las operaciones de la delincuencia organizada y a la política pública implementada en el periodo 2006-2012 para combatirla, a lo que se suma la violencia estructural contenida en una “debilidad estatal previa y la desigualdad social característica de algunos de los estados con mayores índices de violencia”.

Sin embargo, alerta que al incorporar a las fuerzas armadas y las corporaciones policiales en la lucha contra los intereses del crimen organizado, además de multiplicar los enfrentamientos y de “militarizar la seguridad”, se les hizo parte de las piezas en juego en ese entramado de poder, cayendo con frecuencia en una espiral de corrupción e impunidad ya existente en el país.

De tal manera, las operaciones del crimen organizado, caracterizadas por un intenso reclutamiento para alimentar las filas de los diversos cárteles y mecanismos de extrema violencia para la consecución de recursos y para el sustento del “sistema” (secuestros, asaltos, toma de “territorios”, exigencia de pago de cuotas por “derecho de piso” y promoción de la “cultura del narco”, entre otros), resultan en un ejercicio de poder beligerante entre los mismos cárteles, las instituciones y las autoridades, al grado que la violencia se alza como un riesgo generalizado para la sociedad en su conjunto y llega a ocasionar que las personas tengan que salir de sus hogares.

kg