Urgen propuestas claras de protección

Luego del asesinato del periodista Rafael Murúa Manríquez, director de la estación comunitaria Radio Kashana, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur, el Comité para la Protección de Periodistas urgió la creación de una política integral de protección a comunicadores.

“En las pláticas que hemos tenido con funcionarios como Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero, sí se notó cierta apertura que no habíamos notado en otros sexenios”, dijo en entrevista Jan-Albert Hootse, de dicho Comité.

Es algo positivo, acotó; sin embargo la problemática es tan grande en México, independientemente de quién tiene la responsabilidad, porque no podemos culpar a un gobierno que entró apenas en funciones de algo que lleva años, pero no hemos visto una política pública integral, no tienen una agenda clara, no han presentado propuestas claras y contundentes para atender esa problemática.

Murúa Manríquez, quien era parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, contaba con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde junio del 2017, luego de haber denunciado amenazas de muerte tras la publicación de trabajos periodísticos.

Con este homicidio suman cuatro casos de periodistas que estaban bajo la protección del mencionado Mecanismo: Cecilio Pineda Brito (Guerrero, 2017), Cándido Ríos Vázquez (Veracruz, 2017), Rubén Pat Cauich (Quintana Roo, 2018) y Rafael Murúa Manríquez (Baja California Sur, 2019).

Esfuerzo insuficiente

En este sentido, Jan-Albert Hootsen expuso que queda claro que desde el 2017 el Mecanismo en algunos casos no cuenta con suficientes medidas para poder proteger a los periodistas.

El problema, puntualizó, es que en México, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no existe una política pública integral enfocada en la protección como responsabilidad compartida por parte del gobierno federal y estatal.

Es decir, dijo el representante del Comité para la Protección de Periodistas, la estructura de las Unidades de Protección Estatal a la fecha no se ha dado y entramos en el dilema de que el gobierno federal solo, no puede hacer todo; pero al mismo tiempo si la gran mayoría de las agresiones por parte de funcionarios públicos vienen del nivel municipal y estatal, aún con una estructura compartida tienes el problema de la falta de confianza y garantías.