Urgen reclusorios de alta seguridad: ONU

La situación en la que se encuentran las cárceles en México es de suma preocupación y urgen reclusorios de alta seguridad para evitar sobrepoblación, estrés y por ello violencia en estos espacios, dijo el coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Magdy Martínez-Solimán.

En entrevista ayer a su salida de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que es evidente la insuficiencia de las cárceles de alta peligrosidad, la sobrepoblación en las prisiones, así como una mezcla en distintos grados de cumplimiento y gravedad de las condenas que no es conducente a una buena clasificación de reos.

El caso de Apodaca sirve como una llamada de alerta para que el Estado mexicano y los estados de la Federación se concierten para mejorar las condiciones de seguridad de vigilancia, las condiciones de infraestructura y la tipología de establecimientos penitenciarios en el país .

Expuso la falta de sentido que tiene mezclar redes de alta peligrosidad con delincuentes juveniles que cometen pequeñas infracciones. Eso genera más peligrosidad y una convivencia poco saludable .

Por otro lado, expuso que es extraordinariamente difícil invertir en protección de derechos humanos y calidad de las instalaciones penitenciarias cuando los países tienen muchas necesidades, problema que se presenta en México y toda América Latina.

No es una inversión popular ni le hace gracia a nadie ; sin embargo- agrega-, debe poner sobre la mesa una reflexión: una persona que haya cometido un delito no deja de tener algunos derechos, se le ha privado el derecho de libertad pero no el derecho de la integridad, salud y a la vida .

Las tendencias más modernas y efectivas, de acuerdo con el diplomático de las Naciones Unidas, consisten en buscar penas alternativas a la privación de la libertad en caso de delitos menores, ya sea efectuando trabajo social o control social.

En Apodaca hay una evidente concurrencia de responsabilidades entre una parte del gobierno federal y los estados , debe haber una coordinación para garantizar la seguridad y vida de los que habitan en las prisiones.

ana.langner@eleconomista.mx