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Ven poca efectividad en actividades de la Guardia Nacional en el país
Del total de elementos de la GN (128,233) hasta 2022, finaliza, 71% (90,941) pertenecen a las FA, cifra que indica que “no se ha construido una corporación civil como lo establece la Constitución”.
El incremento de recursos asignados a las Fuerzas Armadas (FA) “no se ha traducido en avances significativos en la reducción de la criminalidad y la violencia en el país”, ni “en acciones operativas acordes con dichos niveles de criminalidad”, revela el Cuarto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional (GN) y la militarización en México.
Por ejemplo, cita el documento titulado “Guardia Nacional 4 años de una definición militarista”, en 2022 la GN reportó haber liberado sólo a 29 víctimas de secuestro, cuando la suma de víctimas del tipo fue de 724, y 29,842 víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad, así como la realización de 796 búsquedas especializadas de localización e identificación de personas, año en que se reportaron 9,151 personas desaparecidas y no localizadas.
“En cuanto al monto total asignado para 2023, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) estableció una cantidad de 67,826 millones de pesos para la GN, de los cuales 34,525 millones de pesos corresponden a la Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos. Esta cantidad es 15 veces mayor que la otorgada en 2020; mientras que, en términos generales, el monto total asignado por el PEF a la GN en 2023 es 17 veces mayor al de 2020”.
Predominan militares
Del total de elementos de la GN (128,233) hasta 2022, el 71% (90,941) pertenecen a las Fuerzas Armadas.
Esta cifra, indica el estudio, demuestra que “no se ha construido una corporación civil como lo establece la Constitución”.
En general, el porcentaje de los miembros de la GN que provienen de las FA no ha tenido grandes modificaciones desde su creación; para el 2019, de un total de 74,473 elementos, 78% eran militares o marinos.
Para 2020 (98,282) 75% eran elementos castrenses; mientras que en 2021 (99,946) el 79% eran soldados y marinos.
Estados
Los Censos de Seguridad Pública Estatal del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) han registrado la dirección de secretarías de Seguridad estatales y municipales por parte de miembros de las FA desde sexenios anteriores, refiere el informe, pero en los últimos años se ha ampliado esta tendencia.
“Al momento, al menos 14 secretarías de Seguridad Pública estatales son encabezadas por mandos militares: Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; (cabe resaltar que el titular de la Fiscalía del estado de Guerrero es actualmente una teniente coronel)”.
Los mandos militares designados como titulares de las secretarías locales conforman sus equipos de trabajo con militares en activo y retirados, precisa, y que “no únicamente son militares los titulares de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia”, sino que en total 1,237 miembros de las FA ocupan cargos como secretarios, directores y administradores en corporaciones locales, sin contar los puestos administrativos de dichas instituciones en que se desempeñan elementos castrenses.
En este contexto, el informe indica que, de 2020 a 2023, las denuncias de abuso, tortura y asesinato contra militares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aumentaron 43 por ciento.
