Vigilancia biométrica: el tortuoso camino de Coahuila hacia el reconocimiento facial

La tarde del 27 de septiembre, en la Plaza de Armas de Saltillo, tres cámaras dispuestas en una torre de seguridad a pie de calle, cuatro en un edificio, dos instaladas en los extremos del Palacio de Gobierno y tres más en la puerta de entrada, captaron el regreso a las calles de grupos feministas tras meses de confinamiento. Ese día protestaron por la muerte de Alondra Gallegos García, una joven de 20 años víctima de feminicidio.

Fue la primera vez que las caras de decenas de manifestantes y activistas quedaron grabadas en los servidores del nuevo sistema de videovigilancia inteligente del estado.

En los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Torreón y Saltillo, grupos de policías estatales y funcionarios monitorean las calles en busca de personas con comportamientos sospechosos. Es el primer intento en México de operar a nivel estatal un sistema que reconoce rostros a través de datos biométricos, un compuesto matemático que deriva de la geometría facial, y cuyo avance e implementación en el mundo no ha estado libre de críticas.

En las computadoras habilitadas para la vigilancia en los C4, una interfaz de diseño futurista muestra el procesamiento de rostros captados por cámaras de reconocimiento facial. Un día después de la manifestación feminista, el sistema ya registraba más de 44.7 millones de capturas de imágenes de rostros en Coahuila.

Un software con inteligencia artificial integrado a las cámaras procesa las imágenes y las compara con otros rostros almacenados en el sistema y cuyos perfiles ya han sido identificados previamente. El sistema compara y coteja rostros automáticamente y en tiempo real y si se genera un match, el programa emite una alerta y activa un protocolo de seguimiento por parte de elementos de la policía con capacidad de reacción.

A decir de las autoridades, el sistema es tan avanzado que puede distinguir a personas con cubrebocas o pasamontañas, inclusive cuando las imágenes son borrosas.

“Con este sistema de videointeligencia hoy Coahuila se pone a la vanguardia, somos el primer estado de la república en tener este software”, presumió el gobernador Miguel Ángel Riquelme en abril de 2019. Un año y medio después, todo indica que la celebración resultó anticipada, pues su gobierno todavía no ha podido arrancar cabalmente el plan.

Y es que el proyecto ha enfrentado a una serie de obstáculos técnicos, legales y políticos. El gobierno estatal no ha logrado acceso a bases de datos federales para hacer tareas de cotejo y, de conseguirlo, el equipo computacional que ahora tienen no sería suficiente para almacenarlas y al mismo tiempo cumplir con las normativas que homologan los sistemas de vigilancia en México. Tampoco existen marcos legales que regulen el uso de datos biométricos y las estrategias oficiales para proteger los derechos humanos en relación a la tecnología han sido superficiales.

Pero dado el historial de violencia en Coahuila, a pocos les ha preocupado la llegada de una tecnología que ha detonado debates a nivel internacional y que ha sido prohibida en distintos lugares del mundo por su potencial de contravenir derechos humanos e importantes irregularidades técnicas. En Coahuila, la promesa de seguridad se sobrepone a todo.

Una compra de impulso

Desde el inicio de su administración en diciembre de 2017, Riquelme aseguró a los coahuilenses que no regresaría la época de violencia que marcó al estado durante los sexenios de los hermanos Moreira. “Coahuila no bajará la guardia en seguridad”, repite el gobernador a manera de eslogan en sus reuniones de gabinete y anuncios públicos.

A cinco meses de arrancar su gobierno, Riquelme encabezó una gira por China en búsqueda de inversión extranjera que resultó en un hermanamiento comercial con la provincia de Jiangsu. Cautivado con la red de cámaras instaladas en las calles de las ciudades que visitó, el gobernador se embarcó en una aventura para adquirir un sistema de reconocimiento facial con el que buscaría revolucionar la seguridad de su estado.

El 1 de abril de 2019, en un evento magistral en el patio central del Palacio Rosa en Saltillo, Riquelme presentó su proyecto de videointeligencia. Lo acompañaron empresarios locales, funcionarios de seguridad, miembros del ejército y Zhijie Li, CEO mundial de Dahua Technology, una empresa subsidiada por el gobierno chino que desarrolla tecnologías de vigilancia y a la que se le compraron por adjudicación directa cerca de 1,300 cámaras.

En septiembre de ese año, representantes del gobierno se reunieron en Hangzhou con directivos de Dahua, para revisar los avances de la instalación de cámaras en territorio coahuilense. Un mes después, Dahua fue puesta en una “lista negra” por el Departamento de Comercio de Estados Unidos por su participación en la represión, detenciones arbitrarias y vigilancia de grupos minoritarios musulmanes por parte del gobierno chino.

Estas preocupaciones no eran un caso aislado, estaban marcadas por un historial de vulnerabilidades técnicas de la empresa. En 2017, la compañía de ciberseguridad ReFirm Labs encontró “puertas traseras” en un red de cámaras Dahua que enviaban información a direcciones IP desconocidas en China y permitían a personas no autorizadas acceder de manera remota a los datos de los usuarios y sus contraseñas. Y un año atrás, alrededor de un millón de cámaras Dahua instaladas en Brasil, Colombia y Taiwán fueron hackeadas y convertidas en “bots” para ejercer campañas de extorsión y sobrecargar otros sistemas siendo atacados.

Pero los señalamientos contra Dahua no descarrilaron el proyecto en Coahuila y para el 3 de  noviembre de 2019 ya se había instalado el 95 por ciento de las cámaras en Torreón y Saltillo, según informó Riquelme. El gobierno siguió adelante con la inversión de 600 millones de pesos, de los cuales se sabe poco. La Secretaría de Finanzas reservó toda la información relativa a la compra, el contrato, los cheques y las facturas emitidas. Lo único que detalló es que se han erogado 273 millones para la instalación del sistema en la región Laguna y otros 285.7 millones en la región Sureste.

La oficina del gobernador declinó hacer comentarios para este reportaje.

Un sistema desaprovechado

Al presentar su proyecto, Riquelme afirmó que el sistema de videovigilancia podría consultar las bases de datos de Plataforma México y que inclusive podría aliarse con el Instituto Nacional Electoral (INE) para rastrear a posibles criminales. Pero al día de hoy, el gobierno coahuilense no tiene esos convenios y el sistema no está conectado a bases de datos nacionales.

Por ahora, la red de cámaras está en “estado de prueba” y todavía no funciona a su máxima potencia. Así lo reconoció el director de la plataforma C4, Luis Campos, quien fue llamado a supervisar su implementación después de una larga trayectoria diseñando proyectos de tecnología aplicada a distintas áreas de gobierno.

“Estamos en la etapa de prueba, pero ya funcional, ya en pruebas prácticas”, dijo Campos en entrevista.

A pesar de sus capacidades, en este momento el alcance del sistema es limitado. Y es que para agregar bases de datos más amplias se necesitaría por lo menos tres veces más de la memoria computacional con la que se cuenta en Coahuila.

Campos confirmó que el cotejo de imágenes sólo se hace por medio de “listas de excepción”, un concepto policial que se refiere a un listado de rostros que provee la fiscalía local. El sistema tiene cargada una “lista negra” de rostros de personas con órdenes de captura y una “lista blanca” de rostros de personas desaparecidas. Hasta la fecha, estas listas están compuestas por menos de un centenar de rostros, que son buscados de manera automática en millones de imágenes siendo captadas por el sistema.

De las casi 1,300 cámaras que se compraron a Dahua sólo un tercio tiene la facultad de detectar rostros. Las otras son cámaras para la identificación de placas vehiculares y para monitoreo convencional a través de circuitos cerrados. Esta información no había sido esclarecida por las autoridades, que más bien enfatizaban el reconocimiento facial como la cualidad distintiva de su nuevo sistema de videovigilancia.

Aunque el gobernador ha insistido en que, inclusive en estado de prueba, las cámaras ya han servido para resolver crímenes, su efectividad para reconocer rostros continúa sin ser demostrada. La realidad es que el software no ha arrojado ningún match positivo de la “lista negra” de personas buscadas, y de la “lista blanca” las autoridades han dicho que han habido tres coincidencias entre imágenes capturadas y los registros, pero no han ofrecido detalles sobre hallazgos de personas desaparecidas.

Sin regulación para operar

El sistema de videovigilancia en Coahuila ya está en uso, pero no hay un ordenamiento legal que asegure el correcto tratamiento de los datos personales que son captados. La Secretaría de Seguridad Pública estatal opera el sistema amparada en la norma técnica de 2016 para estandarizar los sistemas de videovigilancia a nivel federal, que no contempla detalladamente el reconocimiento facial y la recolección de datos biométricos.

Los encargados del sistema en Coahuila aseguran que la tecnología no se liberará de manera “total” sino hasta que esté bien regulada y afirman que la Consejería Jurídica del gobierno del estado está trabajando en la creación de una nueva ley estatal para tal fin.

Esa iniciativa no ha sido presentada aún ante el Congreso y los legisladores desconocen sus avances. “No hemos hecho lo conducente al respecto. Ya son varios meses que esta tecnología está funcionando y no hemos cuestionado de manera pertinente cómo va la regulación de su uso”, reconoció el diputado Juan Carlos Guerra, coordinador de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local.

Quinto Elemento Lab tuvo acceso a un borrador de la iniciativa de un proyecto de decreto que sería suscrito por el gobernador para crear la “Ley que Regula el Uso de Cámaras de Videovigilancia y Videointeligencia para la Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza”.

El documento confirma el interés por usar bases de datos más amplias: contempla que la plataforma de reconocimiento facial tenga acceso a aquellas que conforman el Sistema Nacional de Información, las cuales están a cargo de Plataforma México y cuya operatividad es responsabilidad del Centro Nacional de Información (CNI). Estas son bases de datos creadas por ministerios públicos e instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y contienen información criminalística de personas sujetas a un proceso o investigación penal, gente sentenciada y personal de seguridad pública y seguridad privada, entre otras.

Dentro de los protocolos técnicos y candados de seguridad actuales de Plataforma México no es posible vincular dichas bases de datos con tecnologías como la de Coahuila. Sin embargo, David Pérez Esparza, titular del CNI, confirmó estar colaborando con Coahuila en un proyecto de interconexión que le permitiría al estado acceder de manera directa y en tiempo real a dichas bases de datos. Aunque consideró que esto representa un reto técnico significativo y que sería un proceso tardado y muy costoso para el estado.

Instalación selectiva

Coahuila llegó a ser una de las regiones del país más afectadas por la delincuencia organizada entre 2011 y 2017, aunque los datos de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Pública federal registran una disminución de 36 por ciento en los delitos entre 2018 y 2020, con excepción de zonas como la región centro y carbonífera de Coahuila. En esas áreas desde hace dos años aumentó la violencia, particularmente en los municipios de Candela y Juárez, según datos del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila.

Pero los sitios donde están ubicadas las cámaras no siempre coinciden con las regiones donde ocurren más crímenes. Es más, el sistema está enfocado en áreas metropolitanas y en colonias residenciales con interés económico.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado ha negado peticiones de transparentar las ubicaciones exactas de las cámaras, pero un mapeo realizado durante esta investigación en Torreón identificó una gran cantidad de cámaras Dahua en Torreón Jardín y Campestre La Rosita, dos colonias de alto poder adquisitivo, que además son sede de la casa de gobierno del estado de Coahuila. De ser todas parte del programa del estado, esta concentración representaría el 65 por ciento de los puntos de vigilancia de toda la región Laguna.

El proyecto de vigilancia tuvo un recibimiento caluroso por parte del sector empresarial, quienes incluso han ofrecido poner a disposición del gobierno recursos propios para incrementar la red de cámaras.

“La autoridad no busca invadir la privacidad, simplemente tener ojos en la calle”, dijo en entrevista el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Torreón, Luis Cuerda Serna.

El sistema fue calificado como “fabuloso” por Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Torreón. “Se nos olvida que hace 8 años no podías salir y cuando salías tenías miedo de que algo te pasara (...) Si yo tuviera que decidir entre mi privacidad y mi libertad, voy a poner mi libertad por encimita”, afirmó.

Derechos humanos en riesgo

Álvaro Cárdenas, un joven abogado, notó las cámaras por primera vez en Saltillo, cuando manejaba de regreso a su natal Torreón después de vivir unos años en Monterrey. Como ciudadano de la Laguna, le preocupaba el despliegue de una política pública que no considera adecuada. Ahora encabeza una estrategia legal que busca sentar jurisprudencia sobre el asunto y ha promovido una serie de amparos ante la justicia federal, argumentando que las tecnologías de vigilancia contravienen a la privacidad y que no existen las condiciones legales que le permitan al gobierno implementarlas.

En esto coincidió Vladimir Cortés, oficial de derechos digitales de la organización Artículo 19, quien cree que el caso de Coahuila abre la oportunidad para un debate más amplio en México sobre los riesgos de estas tecnologías para el ejercicio de los derechos humanos. “Saberse bajo la vigilancia del Estado o incluso, la sospecha de estarlo, afecta el comportamiento de las personas y tiene un efecto inhibidor, en materia de libertad de expresión así como en el derecho de reunión y asociación”, agregó.

Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), consideró que el reconocimiento facial “no es confiable”, pues tiene severos riesgos de producir falsos positivos, es decir, que el sistema recoja el rostro de una persona creyendo que es otra.

En 2018 la organización Big Brother Watch reveló que la tecnología de reconocimiento facial utilizada por la policía de Londres tenía una tasa del 98 por ciento de falsos positivos. También la American Civil Liberties Union (ACLU) realizó un experimento con el programa Amazon Rekognition y encontró errores fuertes en la identificación y sesgos de raza. En junio pasado, Amazon vedó por un año la venta de sus programas a las policías de Estados Unidos, al asumir que no existían leyes estrictas que regulen el uso de esas tecnologías.

Para García Muñoz es “falsa” la dicotomía entre seguridad y privacidad, ya que muchas veces es la misma policía la que pone en riesgo a las personas. 

En 2019 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila registró un incremento del 50 por ciento en el número de quejas recibidas, en donde las fuerzas de seguridad municipales y estatales son las más señaladas por los ciudadanos.

Sin embargo, de acuerdo a Luis Campos, encargado del sistema de videovigilancia, el proyecto en Coahuila tiene el visto bueno del Alto Comisionado de la ONU a nivel nacional. “Nos dijo: ‘No me queda duda el sistema, hasta donde yo sé, no vulnera la privacidad de las personas. Sólo me preocupa qué uso le den cuando ustedes ya no estén’”, aseguró Campos.

La Oficina del Alto Comisionado aclaró a Quinto Elemento Lab que las reuniones que sostuvieron con las autoridades coahuilenses no fueron en relación a las cámaras sino “en torno al plan estatal de derechos humanos”. Tratándose del sistema de videovigilancia, la Oficina de la ONU destacó la necesidad de que la iniciativa en Coahuila “fuese siempre acorde con los estándares internacionales” que incluyen la “suspensión inmediata de la venta, la transferencia y el uso de sistemas de vigilancia hasta que se establezcan los correspondientes marcos legales que respeten los derechos humanos”.

Fue hasta casi un año después de la compra del sistema, en noviembre de 2019, que el gobierno de Riquelme firmó un convenio de colaboración que buscaría salvaguardar los derechos que “pudieran verse comprometidos derivado de la instalación, utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia en la entidad”.

En el acuerdo participaron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, quienes crearon un comité con el compromiso de dar seguimiento a los trabajos.

En los hechos, el comité ha resultado poco efectivo. Desde su firma el grupo no se ha vuelto a reunir y estas instancias no han participado en la supervisión de los procesos de adquisición, instalación, implementación, ni revisión del sistema.

Un algoritmo desconocido

El gobierno estatal reconoce que ha sido un desafío “tropicalizar” la tecnología al entorno mexicano. “Es que allá [en China] eso de los derechos humanos no existe”, dijo Campos sobre sus conversaciones con los ingenieros de la empresa asiática que bromean sobre los obstáculos a los que se enfrenta la tecnología en México. Directivos de Dahua declinaron peticiones de entrevista para esta investigación.

Para prevenir los riesgos comunes en estas tecnologías es necesario “evaluar continuamente” las características de los algoritmos que se usan para la identificación de rostros, explicó Carlos Duchanoy, investigador del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. “Para validar efectivamente estas tecnologías hay que ver dónde se equivocan, cómo se equivocan y cómo esos errores implican o generan un efecto en lo que realmente queremos lograr”, dijo.

En Coahuila, el sistema está siendo evaluado por la misma compañía que lo vendió. A la fecha Dahua todavía no lo ha entregado por completo al gobierno estatal, pues sus técnicos siguen realizando ajustes y tienen el control sobre el proceso para dar de alta nuevos rostros. Cuando entreguen el sistema, los funcionarios locales únicamente tendrán acceso a los programas para poner en uso las cámaras pero no al algoritmo a partir del cual funcionan.

En efecto, Campos afirmó que sólo en una ocasión echó un “vistazo” al código computacional y que los ingenieros de Dahua lo resguardan celosamente como un secreto corporativo. Para evitar problemas de identificación y sesgos raciales, el gobierno de Coahuila solicitó a Dahua adaptar su algoritmo original con el fin de mejorar el reconocimiento de rostros locales, aunque Campos dijo desconocer en qué consistió técnicamente esta modificación o cuáles fueron los criterios que usó la compañía para definir un supuesto “fenotipo mexicano”.

En este sentido, Vladimir Cortés, de Artículo 19, criticó la confianza que se tiene en una tecnología consistentemente problemática y señaló que mientras la ciudadanía no tenga claridad “sobre cuáles son los márgenes de error, qué tipo de algoritmos están usando y qué han hecho para mitigar los errores de identificación, existe el riesgo de que no se respeten los derechos humanos”.

Entre el centenar de rostros que están siendo buscados por el sistema, hay una imagen que resalta por sus colores y nitidez. Frente a un fondo azul pastel, se ve el rostro de una mujer con los labios pintados de rojo carmín y que porta un hiyab, el velo que usan las mujeres musulmanas en presencia de los hombres. A diferencia de los demás, este rostro no lo envió la fiscalía local, como dicta el protocolo interno para agregar imágenes. La petición de buscar a la mujer en Coahuila llegó directamente a la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, desde las oficinas del FBI en Texas.

Es el rostro de Mena Dyaha Yousif, quien se cree que cruzó a México por la frontera de Piedras Negras hace unos meses junto con su pareja Jose Felan. Ambos son buscados por las autoridades estadounidenses por su participación en actos de vandalismo durante las protestas antirracistas tras la muerte de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis. La imagen de Felan fue captada por sistemas de vigilancia e identificada en los videos por un tatuaje con el nombre de “Mena” en su antebrazo. Ahora, en Coahuila, sus rostros están etiquetados en el sistema de reconocimiento facial como posibles terroristas.