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Política

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Violencia por crimen organizado y corrupción, entre los desafíos de gobernanza más visibles para México: Freedom House

El informe coloca a México como un país parcialmente libre con una puntuación de 62/100, donde 100 significa una nación democráticamente libre.

Foto: Reuters

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La violencia perpetrada por la delincuencia organizada, la corrupción entre funcionarios de gobierno, los abusos de los derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales, y la impunidad desenfrenada se encuentran entre los desafíos de gobernanza más visibles para México, plasma el informe Libertad en el mundo 2020: Una lucha sin líderes por la democracia de la organización Freedom House.

El informe coloca a México como un país parcialmente libre con una puntuación de 62/100, donde 100 significa una nación democráticamente libre; la calificación de este año significa un punto menos a lo reflejado en 2019, cuando obtuvo 63/100. En el caso de los derechos políticos, en 2020 nuestro país obtuvo 27 de 40 puntos y en el caso de las libertades civiles se colocó con una calificación de 35/60 puntos.

El documento añade que desde el año 2000, México ha logrado una democracia electoral y la alternancia en el poder entre los partidos es rutinaria tanto a nivel federal como estatal, sin embargo, el país sufre graves deficiencias en el Estado de derecho que limitan el pleno disfrute ciudadano de los derechos políticos y las libertades civiles.

Freedom House señala que del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, en nuestro país se presentaron momentos que impactaron directamente a los derechos de los mexicanos, tal es el caso de la creación de la Guardia Nacional, con lo que se profundizó la militarización de la seguridad pública.

Mientras que el número de muertes atribuidas al crimen organizado se mantuvo en máximos históricos en 2019. “El desafío a la autoridad estatal se ilustró dramáticamente en octubre, cuando los soldados y la policía se vieron obligados a liberar a un capo acusado del narcotráfico en Sinaloa después de una violenta batalla con miembros del cártel”, expresa el documento.

Asimismo, otro de los temas que impactaron a México fue su postura ante la presión estadounidense para detener, disuadir y deportar a los solicitantes de asilo y migrantes que viajaban por México a la frontera de Estados Unidos en mayo y junio, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles punitivos.

"El gobierno ordenó que casi la mitad de la nueva Guardia Nacional aplicara esta política, desviándola parcialmente de su mandato de lucha contra el crimen", indica el texto.

En el caso específico de los derechos políticos de los mexicanos, la supervisión del Instituto Nacional Electoral de México (INE) a las elecciones y sus medidas para que partidos cumplan con las leyes, incluidas las estrictas regulaciones sobre el financiamiento de campañas y el contenido de la publicidad política, aunque el control es desigual en la práctica, fue de las medidas mejor calificadas con 3 de 4 puntos.

Sin embargo, el estudio señala que los grupos criminales, cada vez más fragmentados, ejercen una poderosa influencia en la política del país a través de amenazas y violencia contra candidatos, funcionarios electorales y empleados de las campañas políticas.

Además, en los estados y municipios con niveles más bajos de participación multipartidista, los actores políticos locales dominantes a menudo gobiernan de una manera muy opaca que limita la actividad política y la participación ciudadana.

Mientras que la corrupción general sigue siendo un problema grave. "Los miles de millones de dólares de dinero de las drogas ilegales que ingresan al país cada año desde los Estados Unidos afectan profundamente a la política, al igual que el fraude desenfrenado de los contratos públicos y otras formas de desviar los fondos estatales".

Al tiempo que los intentos de enjuiciar a los funcionarios por presunta participación en actividades corruptas o criminales a menudo han fallado debido a la debilidad de los casos presentados por el estado.

En el caso de las libertades civiles, se consideró que el entorno de inseguridad para los periodistas sigue siendo muy desafiante, pues los periodistas que investigan los problemas policiales, el tráfico de drogas y la corrupción oficial enfrentan un riesgo cada vez más alto de daño físico, lo que aumentó la autocensura y ocasiono que muchos periódicos en áreas violentas evitan la publicación de historias relacionadas con el crimen organizado.

La organización internacional también resalta que a lo largo del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado las conferencias de prensa matutinas diarias para dominar los ciclos de noticias, utilizando el púlpito de intimidación para castigar y denigrar a reporteros y medios de noticias específicos.

Por otro lado, aunque son muy activas, las organizaciones no gubernamentales a veces enfrentan resistencia violenta; con cerca de 13 muertes de activistas en octubre de 2019. "Los miembros de la sociedad civil pueden criticar libremente las políticas estatales, pero la inclinación de López Obrador por rechazar las críticas e insultar a los opositores percibidos ha generado una creciente tensión entre el presidente y las ONG", expresa el informe.

Sobre el Estado de Derecho en nuestro país, se indicó que los mexicanos son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas, lo que sigue siendo un gran desafío para el gobierno a pesar de los esfuerzos para abordar la acumulación de personas desaparecidas en los últimos años. Además, los mexicanos bajo custodia policial corren el riesgo de ser torturados por las autoridades y también deben navegar en un sistema penitenciario donde el debido proceso y la seguridad física son escasos.

Finalmente, se explicó que la disminución de un punto en la calificación global de México se debió al cierre de las rutas de migración por presiones de Estados Unidos, lo que resultó en un aumento de los abusos contra migrantes.

El documento Freedom in the World 2020 es un informe global anual sobre los derechos políticos y las libertades civiles de 195 países y 15 territorios que involucró a más de 125 analistas y 40 asesores.

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