Vislumbran ardua batalla jurídica vs el “plan b”

Ante la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma electoral (plan b) que merma la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente de este órgano, Lorenzo Córdova, dijo que la batalla jurídica para defender al sistema electoral aún no termina.

“Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas, porque no son todavía tiempos de entierro; va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que, quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todos y todas, (y) que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar”, advirtió.

Córdova Vianello afirmó que aún vienen los tiempos para defender el sistema electoral que se ha construido durante décadas agotando todas las vías jurídicas disponibles.

“Va a pasar por explotar todos los cauces jurídicos que estén al alcance de las ciudadanas, de los ciudadanos, y de las instituciones, para que, confiamos, el día de mañana a golpes de jurisprudencia salvemos a nuestra democracia; esa construcción que no es unos, es de todas y todos, y podamos en consecuencia seguir diciendo el día de mañana que en México seguimos construyendo cultura cívica y democracia, y no que hayamos emprendido una ruta de regresión democrática como lamentablemente ha ocurrido en otros países”, afirmó.

Sostuvo que “México tiene una enorme tarea y desafío histórico: preservar lo poco de lo bueno que hemos hecho bien en las últimas tres décadas: construir un sistema democrático en donde somos las y los ciudadanos con nuestro voto libre emitido en elecciones auténticas por autoridades autónomas del poder, e independientes de los legítimos -sin duda- intereses de partido, quienes decidimos quienes nos gobiernan y nos representan. Esa es una conquista democrática no vamos a perder”.

La víspera, los consejeros anunciaron que para preservar el orden constitucional promoverán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todas las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amicus curiae que sean necesarios.

jorge.monroy@eleconomista.mx