Abogados en campaña: ¿Votos a cambio de qué?

Alrededor de 49,000 abogados se aprestan a hacer campaña por 881 cargos en el poder Judicial federal que van desde jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta los que serán los poderosos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y, si bien, todavía no se sabe con certeza quiénes serán todos los que estarán en las boletas, los que finalmente salgan en busca del voto popular entre el 30 de marzo y el 28 de mayo, se enfrentarán a una serie de retos.

Falta de interés y conocimiento de los ciudadanos del proceso; posibles presiones o intentos de cooptación por parte de gobiernos, empresarios y grupos de la delincuencia organizada; riesgo de generar compromisos que deriven en cambio de votos por sentencias; hacerse conocer por los electores; y hasta el lugar y el número con que aparecen en las boletas, son algunos de los desafíos que les esperan.

Como parte del proceso electoral extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros, el 1 de junio de 2025 se elegirán, a nivel federal, la totalidad de los cargos de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de las personas magistradas de circuito y juezas de distrito.

Para Azul Aguiar Aguilar, Investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), lo más preocupante es el dinero que, seguramente querrán ingresar a las campañas empresarios e industriales, así como líderes de grupos de la delincuencia organizada.

Si seguimos la lógica electoral, lo que va a haber es intercambio de favores por votos, así como intercambio de intereses por votos. “Para eso son los grupos de interés, para eso son los lobbies”.

“En ese contexto, a mí me preocupa muchísimo que la lógica de votar entre las balas que tenemos para los representantes políticos ahora pueda extenderse a las candidaturas judiciales”.

Desde su perspectiva, hay muchos elementos e información para poder hacer esa inferencia.

En ese contexto, académicos y analistas han manifestado su preocupación por lo que ocurrirá en la elección de jueces radicados en juzgados y tribunales donde se llevan juicios contra delincuentes de alta peligrosidad, por ejemplo, los que se encuentran en los Centros Federales de Readaptación Social, conocidos también como cárceles de alta seguridad.

Tal es el caso de los Ceferesos 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México; el 2, Occidente, localizado en el municipio de El Salto, Jalisco; el 3 Noreste, construido en Matamoros, Tamaulipas; y el 4 Noroeste, El Rincón, en Tepic, Nayarit.

El nivel de vulnerabilidad de los candidatos a jueces, así como de los electores de los distritos donde se encuentran estos juzgados es altísimo, porque el crimen organizado va a querer tener sus jueces.

“Por qué no los podría tener, si puede tener presidentes municipales y hasta secretarios de Seguridad Pública. Esta lógica electoral relacionada con el financiamiento privado me preocupa mucho”, remarca la reconocida académica.

La semana pasada, en su columna de El Universal, Javier Tejado Dondé, comentó que en el caso del Cefereso El Altiplano, para elegir a los jueces y magistrados adscritos a ese centro federal, el INE dividió al Estado de México en tres distritos judiciales. Sólo en el circuito dos se elegirán los juzgadores de Almoloya.

Se va a elegir a dos magistrados penales y dos jueces federales en Almoloya. El padrón de votantes en este circuito es de 4.4 millones de personas, y con una participación proyectada de 10%, apenas votarán 400,000 personas.

“Esto significa que el crimen organizado, interesado en las personas ya detenidas ahí o que pudieran serlo, con menos de 200,000 votos podrá poner jueces a modo en el penal federal más relevante del país”, señala.

En ese contexto, la académica Azul Aguiar Aguilar considera que uno de los principales problemas es que se somete a la justicia a una lógica electoral.

“Vamos a tener campañas que muy probablemente nos ofrezcan sentencias por votos”.

En ese sentido plantea que las personas se preguntarán: ¿cuáles son las buenas sentencias de un juez? y seguramente se responderán, pues las sentencias en que ganan.

En ese sentido recuerda que, a diferencia del poder político, los jueces siempre van a satisfacer a 50% de las personas que atienden (a los que les beneficie sus sentencias).

Precisamente por ello recalca una y otra vez que es muy preocupante el escenario de cambiar sentencias por votos.

Por otra parte, llama la atención la legitimidad democrática de esa elección. “Yo no entiendo cómo van a vender que ésta va a ser una elección con legitimidad democrática y el gobierno del pueblo va a estar representado en los juzgados, pues según datos del INE un 10% de los electores con posibilidad de votar van a asistir a las urnas.

“Qué legitimidad va a tener una persona que resulte electa con 10% de los votos y donde la mayoría de esos votos han sido movilizados políticamente por Morena”.

Otro asunto inquietante, expone la académica, es el día después de la elección. A mí me preocupa que van a llegar personas que no tienen experiencia en tribunales y no saben cómo decidir.

Si actualmente hay un retraso de entre un año y medio y dos años y medio para juicios sencillos, lo que puede esperarse es que ahora las resoluciones judiciales tarden en salir en alrededor de cuatro o cinco años, suelta.

Además, recuerda que, en ciertos casos el juez no podrá declarar suspensiones a actos de autoridad que estén vulnerando derechos de los ciudadanos.

En su opinión, un problema derivado de la lógica electoral son las campañas judiciales porque no hay claridad en las reglas del juego y tampoco en cómo se va a controlar el acceso a las campañas del dinero privado.

¿Cómo ha sido la experiencia en otros lados?

Los retos para los aspirantes a jueces no terminan ahí. Alejandro Díaz Domínguez, académico de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, refiere que, con base en lo que se sabe de las elecciones de jueces en Estados Unidos, nueve de cada 10 juzgadores son reelectos en sus puestos.

“También sabemos que a las mujeres enfrentan más barreras para competir, a veces les va mejor cuando van contra un hombre en el cargo, si éste es medio malo, pero les va peor si ellas son las que tienen el cargo, porque a ellas las juzgan más duro y les va mal cuando compiten por vacantes”.

Además, se tiene evidencia de que al sector negocios es a quien más le interesa la elección de jueces.

Algunos estudios académicos, citados por el profesor, refieren que en México 60% de los amparos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son interpuestos por empresas, la mayoría peleándose por impuestos.

Otro asunto es el diseño de las boletas. Esos papeles contendrán dos listas de aspirantes, una de hombres y otra de mujeres y cada nombre precedido con dos letras que corresponden al poder que presentó la lista en la que está postulado (PE si su nombre estaba en la lista que presentó el poder Ejecutivo; PJ si venía en la del poder Judicial y PL si estaba en la que integró el poder Legislativo).

“¿Quién va a traer el voto mayoritario? Yo pienso que el poder Ejecutivo”, dice el académico.

Además, recuerda que no se va a votar poniendo una marca sobre el nombre de un candidato, logotipo o dentro de un recuadro, como en las elecciones de presidente de la república, diputados o gobernadores, sino que se pedirá que se ponga el número asignado al candidato que resulte de la preferencia del elector. Entonces en eso influirá la posición en que se encuentre el nombre del aspirante. Además, hay números que la gente recuerda más. Seguramente muchos querrán ser, por ejemplo, el 7 o 14 y muy pocos el 32.

El reto de mantener el interés

De acuerdo con la directora de Consultores y Marketing político, Gisela Rubach, uno de los retos más importantes en la campaña que está por iniciar es concitar el interés de los ciudadanos y luego mantenerlo.

Ha colgado en la cuenta de X de la consultora un mensaje que dice “¿Qué tiene en común una buena serie de Netflix y una campaña exitosa? Ambos mantienen el interés con una narrativa atractiva".

Para la especialista, "la educación sobre el voto judicial es clave para que los ciudadanos comprendan el poder que tienen para decidir sobre la justicia."

En ese sentido, comparte que entre los desafíos están la independencia judicial; la corrupción y transparencia y la falta de conocimiento ciudadano sobre el proceso.

Según la experta, existe una fuerte presión política para evitar que los jueces sean cooptados por intereses gubernamentales o de grupos de poder y advierte: “Los ciudadanos esperan que los juzgadores sean autónomos, pero las campañas judiciales pueden generar lealtades políticas”.

Por otro lado, la percepción pública del sistema judicial como corrupto es un obstáculo importante. Los candidatos deberán demostrar su honestidad y proponer medidas concretas para garantizar un sistema judicial libre de corrupción.

Para la estratega, algo relevante es que es la primera vez que se eligen jueces por voto popular en México, lo que genera desinformación y escepticismo en los electores, por lo que los candidatos deben hacer pedagogía del voto a la ciudadanía, sobre la importancia de su elección y el impacto en la justicia, disminuyendo la complejidad por la cantidad de cargos y la complejidad de las boletas.

Las campañas están por comenzar, las listas entregadas por el Senado al INE dicen que hay 49,398 aspirantes, el INE ordenó ya la publicación y difusión del listado de las personas candidatas a ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del TEPJF y 99 millones 304,426 electores habilitados para votar. Las campañas están por iniciar; veremos cuántos se convencen para acudir a las casillas.