Acusaciones de Adán Augusto López contra Ricardo Monreal: entre las imprecisiones y las falsedades

El episodio de dimes y diretes sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Senado de la República entre los coordinadores de las fracciones legislativas de Morena en la Cámara de Senadores y Diputados, Adán Augusto Santiago y Ricardo Monreal, respectivamente, al parecer, tienen más imprecisiones que sustancia.

La semana pasada, el presidente de la junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández afirmó que se detectó un contrato por “administración de archivos” del Senado que beneficia anualmente a una empresa con 60 millones de pesos; que se inició un procedimiento para rescindirlo y que se van a presentar las denuncias correspondientes, por tratarse de una simulación de servicios durante la legislatura actual, en la que Ricardo Monreal era presidente de la Jucopo.

Al respecto, información relacionada con el asunto, a la cual accedió este periódico muestra que se trata de un contrato por "Servicio de guarda, custodia, conservación y administración” de los expedientes que conforman los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en las que estuvo relacionada esa representación popular.

El contrato es por cuatro millones de pesos anuales, en promedio, para un total de 24 millones en seis años, de 2019 a 2024, no por 360 millones en seis años, como se difundió.

El Senado adjudicó ese contrato para conservar y resguardar la documentación de ese cuerpo colegiado, que, por años, estuvo sin la debida clasificación y resguardo.

Concretamente se trata de los expedientes de juicios de amparo, en 4,903 gavetas con 140,128 expedientes; de controversias constitucionales, en 23 gavetas con 433 documentos y de acciones de inconstitucionalidad, contenidos en seis gavetas con 59 expedientes.

A esta documentación se suman 8,503 cajas de archivo de concentración que contienen 112,411 expedientes.

De rescindirse el contrato se deberá disponer de un sitio para resguardar esta documentación, porque en la sede del Senado no hay ningún espacio que puede albergar y conservar adecuadamente estos más de 253,000 expedientes de muy diversa extensión.

La empresa que proporciona el servicio en cuestión es Full Service, la cual ha prestado servicios al ISSSTE, Defensa y Marina, entre otras dependencias del gobierno federal.

Por otra parte, el senador morenista Adán Augusto López Hernández también se refirió a un contrato por fabricación de elevadores con Grupo Piasa, del que dijo que se ha iniciado el procedimiento de rescisión.

En este asunto, el Senado no puede hacer eso debido a que en septiembre de este año, sus actuales autoridades recibieron y finiquitaron, sin comentario ni observación alguna, el contrato en los términos de la normatividad.

El 5 de septiembre pasado, autoridades actuales del Senado acudieron a una reunión con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se les manifestó que, una vez concluida la revisión física y documental del contrato de elevadores, no se encontró inconsistencia alguna al contrato de PIASA, por lo que no hay observación o recomendación y, por lo tanto, ningún daño patrimonial.

De septiembre de 2018 a diciembre de 2023, se realizaron 77 auditorías a las legislaturas LXIV y LXV de la Cámara de Senadores por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Contraloría Interna.

La Presidencia de la Junta de Coordinación Política solicitó semestralmente ampliar estos programas para revisar los contratos relacionados con infraestructura y tecnologías de la información, así como los más relevantes por el monto contratado.

Como resultado de esos ejercicios, la ASF revisó las cuentas públicas del año 2018 al 2022 mediante ocho auditorías de gestión financiera, obra pública y tecnologías de la información, en las que emitió 45 recomendaciones y una observación, las que fueron solventadas totalmente.

En tanto, la Contraloría Interna, durante las LXIV y LXV Legislaturas realizó 69 auditorías en las que emitió 21 sugerencias y 85 observaciones, las que fueron atendidas en su totalidad.

Esa misma instancia en su Programa de Auditoría correspondiente a 2024 programó 10 auditorías.

Los resultados de esas auditarías señalaron que el Senado cumplió con la legislación y normatividad aplicable y los recursos se ejercieron de manera responsable, toda vez que se determinó que no hubo daño patrimonial al erario.