Alejandra, Melanie: casos de violencia contra la mujer, una lectura de situación en México

Alejandra Rivas de 35 años y su hija María José de un año, desaparecieron el pasado 1 de noviembre de este año luego de salir de su casa en Tlajomulco, Jalisco, rumbo a Colima, donde se verían con el padre de la niña, pero nunca llegaron; una semana después, los cadáveres de ambas fueron encontrados. El feminicida fue la persona con quien se encontrarían. 

Melanie es una joven de 20 años que fue golpeada con brutalidad por su novio, Christian "N", durante una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre de este año; su caso se hizo viral gracias a las redes sociales, donde cada vez es más común que se expongan estas situaciones.

Respecto a la sociedad, su percepción actual sobre la violencia hacia las mujeres es que lo comprenden más, como lo menciona Ana Pérez Garrido, directora de la organización Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF):

"Creo que ya hay comprensión en algunos conceptos básicos como el tema de la discriminación y pues esto sin duda ha sido por el movimiento de derechos humanos, por el movimiento feminista que ha logrado colocar esto en la agenda; no es algo que, digamos, hace 10, hace 20 años no existiera, sino que no se veía y no se nombraba y por lo tanto para la sociedad, no necesariamente existía”.

Pérez Garrido considera que las mujeres han presentado un mayor cambio, aunque los hombres siguen siendo machistas y misóginos. También reconoce que la violencia hacia las mujeres se encuentra muy arraigada y por eso no se han logrado los cambios sociales necesarios respecto a la concientización de la violencia de género.

Grandes retos

Las defensoras de los derechos humanos son quienes, principalmente, pusieron en la agenda pública la violencia hacia la mujer al tratar de visibilizarlo, siendo un problema social al Estado le toca la mayor responsabilidad y la prioridad de actuar para que la sociedad tenga un cambio.

El Estado tiene grandes desafíos en todos los rubros; en la atención de la violencia, en la procuración y administración de justicia, o sea, en la en la sanción de la violencia para evitar la impunidad, pero sobre todo (...) me parece que el tema de la prevención se ha dejado a la sociedad”, refiere la asesora jurídica del OCNF.

La reeducación de la sociedad ayuda para que ésta no sea machista y no tolere la violencia hacia la mujer, pero los esfuerzos que son dirigidos a la niñez y juventudes son aislados, “no se ven como parte de una política estratégica que busque combatir realmente la violencia contra las mujeres en materia de prevención”, indica.

La sociedad civil es quien ha obtenido grandes logros con mejoras y propuestas como tipos penales, centros de atención, mecanismos de protección, etcétera; productos que, como señala Ana Pérez, son del imaginario de las mujeres. Por eso es necesario que el Estado capacite a los servidores públicos que quieran trabajar el tema de la violencia contra la mujer y se eviten casos de revictimización de las víctimas como se han venido dando.

Efectos de la violencia

A los efectos que causa la violencia se le llaman impactos; pueden ser psicoemocionales y de salud a largo o corto plazo y es necesario que se atiendan, que el Estado brinde los servicios básicos de atención a las víctimas, quienes pueden padecer secuelas.

“Me han tocado casos de mamás víctimas de feminicidio o de desaparición que terminan desarrollando un cáncer o terminar muriendo en la búsqueda de justicia o de sus hijas, y eso es algo que el Estado difícilmente reconoce”, pero como destaca la directora de Justicia Pro Persona, no hay muchos estudios que sustenten los efectos físicos de la violencia en las víctimas indirectas.

Aunado a eso, un alto porcentaje de casos de violencia contra las mujeres que no son denunciados están en la impunidad, aparte de las que sí son denunciadas, por lo que las políticas públicas cobran relevancia: “Creo que las acciones desde el presupuesto tendrían que ser muy distintas a las que ahora tenemos, invertir en todos los rubros desde este enfoque, desde una cultura de erradicación de la violencia, de implementar políticas públicas de manera transversal, no solo asignárselas al Instituto de las Mujeres o a la ahora Secretaría de las Mujeres”, observa.

Aunque hay políticas de género, los Gobiernos no las han implementado como política de Estado, y falta por hacer mucho en materia de prevención, atención y sanación de la violencia.

La sociedad al frente

Lo cierto es que las organizaciones civiles dan la cara por las víctimas, en un papel en el señalan lo que hace falta: “para realmente garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres hemos tenido que hacer cosas de más, porque muchas organizaciones acompañamos víctimas, representamos jurídicamente a las víctimas, luchamos contra el Estado junto con ellas y son en realidad tarea que no podríamos ni tendríamos por qué asumir las organizaciones”, además de que no cuentan con los medios para hacerlo, enfatiza Pérez Garrido.

Aun así, la sociedad civil es quien ha ayudado a visibilizar este problema, logrando que casos tengan acceso a la justicia, demostrando que el tipo penal y el protocolo con perspectiva de género sí funcionan, haciendo frente a un sistema que está en contra de las mujeres. “Hemos enseñado con la práctica que sí se puede hacer y eso lo deberían hacer de manera oficiosa en todos los casos para todas las mujeres y por eso es que nuestro rol debe seguir siendo el señalar que hace falta”, recalca.

Ana Pérez reitera que así debería de ser el día adía para todas las mujeres desde las instituciones, “por eso nuestro mayor papel, desde mi punto de vista, es seguir impulsando que tengamos las leyes, las políticas públicas, las instituciones adecuadas y a las autoridades adecuadas para que los derechos realmente sean garantizados y por fin lograr la erradicación de la violencia”.