Alertan alta impunidad en crímenes contra migrantes

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en México, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, población haitiana, personas con discapacidad y víctimas de desaparición forzada.

Durante las sesiones, representantes de diversas organizaciones expusieron prácticas de discriminación, uso excesivo de fuerza, expulsiones ilegales y una deficiente actuación de las autoridades migratorias mexicanas que, afirman, atentan contra los derechos fundamentales de las personas en movilidad.

Marisol Méndez, coordinadora de incidencia en la Fundación para la Justicia, denunció que persiste la impunidad en los casos de masacres y desapariciones.

“Las masacres y desapariciones de migrantes se siguen cometiendo con total impunidad. A más de 13 años, la fiscalía no ha identificado a los responsables (de la masacre de San Fernando)”, afirmó Méndez en el marco del 40° periodo de sesiones.

La especialista también señaló que la falta de justicia ha permitido que los grupos criminales continúen con la desaparición sistemática de personas en tránsito y mencionó como ejemplo el reciente hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, de un posible campo de exterminio.

Además, criticó la omisión del Estado mexicano para implementar las recomendaciones internacionales.

“Tampoco se ha creado la comisión especial recomendada por el Comité contra las desapariciones forzadas para investigar casos de desapariciones y masacres de migrantes ni se ha instalado la mesa de búsqueda de migrantes aprobada hace casi tres años por el gobierno mexicano”, advirtió.

Atención consular

Por otro lado, Marisol Méndez mencionó que existen retrocesos en la atención consular a víctimas en países como El Salvador y Honduras, donde los consulados ya no quieren recibir denuncias por desaparición de migrantes, lo cual bloquea el acceso al mecanismo exterior de apoyo en búsqueda e investigación.

Ángeles Cruz, coordinadora de Investigación en Racismo MX, advirtió que México ha adoptado medidas restrictivas de carácter securitario y militar para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, lo cual ha generado condiciones de mayor violencia, discriminación y exclusión para las personas migrantes.

“Estas acciones afectan las posibilidades de muchas personas en movilidad para viajar de manera segura y regular, además de que vinculan a quienes se desplazan con actividades delictivas bajo estereotipos raciales y xenófobos”, declaró Cruz ante el Comité.

En su intervención, también alertó sobre la falta de programas gubernamentales que promuevan la cohesión social en comunidades con presencia de asentamientos de personas migrantes, lo que ha dado pie a desalojos forzosos y actos de rechazo motivados por discursos racistas provenientes de las poblaciones locales.

Racismo e infancias

Por su parte, Dinora Arceta, del IMUMI, denunció que desde 2017 la política migratoria mexicana está basada en una lógica de contención, acompañada de prácticas racistas y de perfilamiento étnico y racial.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las revisiones migratorias en México violan los derechos humanos, especialmente de personas indígenas y afrodescendientes, al basarse en perfiles raciales.

La organización Kids in Need of Defense reconoció la existencia de marcos normativos como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Protección Integral (Sipinna), pero advirtió sobre “grandes lagunas en su aplicación”, entre ellas la falta de financiamiento suficiente para las agencias de protección infantil como las procuradurías estatales, los refugios del DIF y las oficinas de protección a la infancia.

También sugirieron al Estado mexicano a transparentar la información sobre niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, pues actualmente solo el Ministerio del Interior publica datos que no desagregan adecuadamente a esta población. Asimismo, denunciaron que, en muchos casos, menores de edad son expulsados del país sin que se realice una evaluación independiente del interés superior del menor, en contravención con la legislación nacional.

Desde Asylum Access, Lucía Chávez, directora ejecutiva de la organización, destacó la precariedad laboral que enfrentan las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Señaló barreras estructurales como la falta de documentos migratorios, discriminación en el empleo y exclusión financiera, lo que las expone a la explotación laboral y trata. “Es momento de requerir que el Estado mexicano pase del discurso a la acción”, sostuvo.

Este martes seguirán las sesiones sobre la situación de los migrantes en México. Será el 15 de abril cuando el Comité emita su informe sobre las conclusiones de las audiencias.