Tras asesinatos de migrantes piden acabar con estrategia militarizada

El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, junto con organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración (INM), condenaron los disparos de militares que dejaron como saldo seis migrantes asesinados y 10 heridos más, que ocurrieron el 1 de octubre de 2024, en el ejido Saltillito, Villa Comaltitlán, Chiapas. 

El Colectivo de Monitoreo subrayó que este caso no es aislado, sino consecuencia directa de la militarización de las políticas migratorias mexicanas, que priorizan la seguridad nacional por encima de la seguridad humana.

También se pidió una investigación pronta y exhaustiva, así como atención médica adecuada para los heridos y apoyo psicosocial y jurídico para las víctimas y sus familias.

Por otro lado, el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, el Servicio Jesuita a Refugiados - México, el American Friends Service Committee, Voces Mesoamericanas, entre otros firmantes, demandaron la reparación integral del daño, incluyendo garantías de no repetición.

Por su parte, el Consejo Ciudadano de INM solicitó la implementación de normas acorde a los derechos humanos y la garantía de reparación para las víctimas.

"Externamos nuestra profunda preocupación por la impunidad que ha prevalecido en tragedias anteriores, en las que ni la muerte, ni la violación a la dignidad de cientos de personas han recibido justicia”, indicó.

También llamaron al INM a convocar de manera urgente a las autoridades de seguridad pública para establecer acuerdos que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

No repetición: Sheinbaum

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las autoridades están comprometidas en esclarecer lo ocurrido y en deslindar responsabilidades.

Aseguró que los soldados responsables ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y que “no puede repetirse una situación así”.

Los migrantes inmiscuidos en los hechos provenían de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Cuba.