Auditoría encuentra más de ocho millones por comprobar en el Inai

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) un monto pendiente de aclaración por 8 millones 331,866.94 pesos, derivado de pagos sin comprobación adecuada, errores en contrataciones y deficiencias en los controles internos. 

Uno de los aspectos mencionados en la auditoría es la falta de supervisión en el uso de viáticos y vuelos.

Según la ASF, el organismo garante de transparencia —en proceso de extinción— no verificó que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por hoteles especificaran los métodos de pago en comisiones nacionales autorizadas.

Además, se explicó que el Instituto no actualizó su normativa para permitir que estos CFDI se emitieran después del periodo de la comisión, lo que afectó la transparencia en la justificación de estos gastos.

Nepotismo en el organismo

Otro de los hallazgos de la auditoría de cumplimiento forense 2023-0-44100-23-0226-2024 fue que el organismo garante no implementó mecanismos suficientes para prevenir conflictos de interés derivados de la contratación de personal con vínculos familiares dentro del organismo.

La ASF señala que no se vigiló ni supervisó adecuadamente la contratación de candidatos para evitar nepotismo, y que no se presentaron evidencias de que el personal haya requisitado los formatos de declaración de interés y parentesco.

Policía y sistemas

Además, se explicó en la mencionada auditoría que el Inai “realizó pagos a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México por 2 millones 341,000 pesos por elementos de seguridad y vigilancia que realizaron turnos de manera continua sin los relevos correspondientes y duplicidad en los registros de fatiga de asistencia”.

En cuanto a la administración de tecnologías de la información, el informe señala que el Instituto no fortaleció las políticas y procedimientos para la gestión de cambios en sus sistemas informáticos, lo que generó riesgos en la documentación y control de versiones del código fuente. También se detectó la falta de definición de niveles de servicio en las contrataciones de tecnologías, así como la ausencia de métricas claras para evaluar su calidad y eficiencia.