Avance en caso Ayotzinapa se detuvo por milicia: abogado

Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, expuso que, durante la administración actual, el mayor obstáculo ha sido la falta de colaboración del Ejército mexicano.

“Muchos elementos apuntan a que esta institución tuvo conocimiento y participación en la desaparición de los estudiantes”, declaró. Según Rosales, existen documentos y testimonios que vinculan a mandos militares con el crimen organizado y con el seguimiento a los normalistas desde su salida de Ayotzinapa hasta su desaparición.

Queda claro que la investigación iba avanzando, pero cuando se empieza a investigar a los militares, cuando se les lleva ante la justicia, es cuando hay reticencias dentro de las Fuerzas Armadas. Y tiene tal poder el Ejército mexicano que obligó al Poder Ejecutivo a suprimirse”, dijo Vidulfo Rosales.

En conversatorio realizado por Amnistía Internacional, el abogado destacó, también, que otro de los principales impedimentos del caso surgió durante el gobierno de Peña Nieto con la llamada “verdad histórica”, una versión oficial que sostenía que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero. Esta versión, aseguró, frenó las investigaciones y desvió los esfuerzos hacia una narrativa falsa.

“El objetivo fue mostrar que esa conclusión no era verdad”, afirmó Rosales, quien también señaló que la lucha de los familiares en esos primeros años se centró en desmontar esta versión oficial.

“Se perdieron pruebas, muchos testigos fueron asesinados, documentos destruidos y pistas claves desaparecieron por acción del propio gobierno”, lamentó.

Petardos

El estruendo causó pánico en el interior de la Cámara de Senadores.

A escasos metros del salón de sesiones, fueron lanzados cinco petardos por hombres encapuchados; cuatro no estallaron.

Frente a la Cámara Alta, blindada con vallas de acero, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y familiares de las víctimas, protestaron porque mañana se cumplen 10 años de la desaparición de 43 de sus compañeros y el caso no ha sido resuelto.

Lucía Trasviña (Morena), de Baja California Sur, informó al pleno cameral su correligionario Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, “que tenía abierta su ventana, recibió los efectos de una de las explosiones. Se lastimó el ojo derecho, se le alteró la presión, se le tuvo que poner oxígeno”.

El morenista aseguró frente a la prensa que la seguridad del recinto estaba garantizada. La decisión estaba tomada: discutir y votar a como diera lugar la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército.