Avanza en Senado judicialización de la transparencia

Las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores aprobaron por 19 votos de Morena y aliados, y ocho del PAN y PRI en contra, el decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el dictamen, el propósito de los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum es armonizar la legislación secundaria con la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, promulgada en diciembre pasado, que extinguió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y los organismos garantes en las entidades federativas del país.

Durante la discusión, Ricardo Anaya, coordinador del grupo parlamentario del PAN, y Néstor Camarillo, quien fijó la posición de la bancada senatorial del PRI, anunciaron el voto de sus correligionarios en contra del paquete de cambios reglamentarios.

“Por sentido común, porque estamos convencidos de que esta reforma no es un paso hacia adelante, por eso vamos a votar en contra”, anticipó Anaya.

El dilema es, dijo, “quedarnos con el esquema que fue incómodo para todos y que funcionó para los ciudadanos, es decir, un Inai autónomo, independiente o transitar hacia un nuevo esquema, que es el que nos están proponiendo, en donde ya no existe el Inai como organismo autónomo”.

Aseguró que el gobierno será “juez y parte” porque ante una petición de información puede responder “no te quiero dar la información. Y si no te parece, no te preocupes, puedes apelar esa decisión, vuélvemela a pedir, al mismo gobierno, y obviamente el gobierno en la segunda instancia, cuando sea información verdaderamente sensible, verdaderamente delicada, va a volver a negar la información”.

Desde la óptica del queretano, “estamos en un tránsito, en un camino hacia un régimen de corte autoritario, porque están concentrando el poder, porque hoy Morena controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, va por el control de los órganos autónomos”.

Camarillo dijo que los pretendidos cambios son “un retroceso en lo avanzado en materia de transparencia”, lo que contrasta con la posición del “oficialismo” que cuando era oposición “exigía rendición de cuentas”.

Los cambios, detalló, “abren la puerta a que las reservas se extiendan por años, sin límite, repitiendo el argumento de que no es el momento de revelar la información”.

“Lo que en realidad están logrando es un bloqueo perpetuo o un carpetazo institucional a cualquier expediente que les pueda incomodar y si alguien decide apelar se encuentra con la contraloría local y la Secretaría Anticorrupción, organismos que no son más que una extensión del mismo poder que controla la información. Así, el ciudadano queda completamente desprotegido, sin opciones reales de acceso a la verdad”.

Al desaparecer el Inai, agregó, “el único mensaje a los ciudadanos es que están ocultando cosas, que están protegiendo al Ejecutivo”.

“Nos han querido vender la idea de que este es un gobierno abierto, del pueblo, pero al final del día todo está bajo su propio control. Es como un ratón cuidando el queso, en pocas palabras. Así de grave está”, expresó.

Juicio de amparo

El dictamen, remitido a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para agendar su discusión y votación por el pleno cameral la próxima semana, precisa que las atribuciones conferidas al Inai las realizará la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del órgano Transparencia para el Pueblo.

La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública precisa que dicha secretaría no podrá conocer y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por otros entes públicos; interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, que vulneren el derecho a la protección de datos personales, ni promover controversias constitucionales.

Prevé también que en contra de las resoluciones que emitan las “autoridades garantes” procederá el juicio de amparo que será sustanciado por jueces y tribunales especializados en la materia, que determine el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Se precisa que la norma incluye criterios de interpretación emitidos en su momento por el Inai y que actualmente aplican los sujetos obligados.

De igual manera, la ley prevé el incremento de 13 a 17 las causales de reserva de información. También no podrá invocarse el carácter de reservado tratándose de información relacionada con actos de corrupción acreditados.

Cambios a la ley de transparencia

• Aumenta de 13 a 17 las causales de reserva de información.
• No podrá invocarse el carácter de reservado tratándose de información relacionada con actos de corrupción acreditados.
• Las facultades del Inai las asumirá la “autoridad garante federal’’ denominada “Transparencia para el Pueblo”, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
• La “autoridad garante local” son las contralorías de las dependencias del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, dependientes de los gobernadores, quienes asumirán también la responsabilidad en materia de transparencia de sus municipios o alcaldías en el caso de la Ciudad de México.
• Las “autoridades garantes” determinarán si las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad cumplen con las obligaciones de transparencia y acceso a la información, directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen el dinero.
• El Poder Judicial de la Federación (PJF) deberá habilitar juzgados de Distrito y tribunales colegiados de Circuito especializados en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
• Los institutos de transparencia de las entidades federativas continuarán operando hasta en tanto las legislaturas no emitan la legislación para armonizar su marco jurídico.