El caso de los sobornos de Vitol a Pemex, atorado 4 años en la FGR

Hace casi cuatro años que la empresa holandesa Vitol confesó en Estados Unidos que sobornó a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para ganar contratos, y aquí en México la Fiscalía General de la República (FGR) todavía está armando la carpeta de investigación y no ha llevado a nadie ante los tribunales.

“La carpeta de investigación se encuentra en la etapa inicial de investigación y esta Autoridad Ministerial aún se encuentra recabando datos de prueba para acreditar los hechos”, respondió la FGR a una solicitud de Quinto Elemento Lab para conocer el estatus del expediente de Vitol.

La Fiscalía se negó a entregar la versión pública de ese expediente, pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) le ordenó abrirlo al considerar que los casos de corrupción gubernamental deben ser conocidos por la ciudadanía.

En diciembre de 2020, Vitol admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que sus ejecutivos pagaron más de 2 millones de dólares a funcionarios de México y Ecuador, y más de 8 millones en Brasil, a cambio de información confidencial para afianzar contratos con las empresas petroleras estatales de esos países.

Pemex tardó casi un año y medio en conocer la identidad de los funcionarios que presuntamente fueron sobornados para que Vitol ganara un contrato de 231 millones de dólares para el suministro de etano en la terminal de Pajaritos, en Coatzacoalcos.

La tardanza de las autoridades mexicanas en armar el caso para hacer justicia no significa necesariamente que haya un trabajo sólido detrás.

“Si eso supusiera que el caso va a estar muy bien integrado y que va a haber una sentencia favorable pues no sería un problema, pero lo que hemos visto en el caso de (Emilio) Lozoya y Odebrecht, es que ni siquiera llegamos a las sentencias. Los casos se caen”, dijo el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, comparando el caso Vitol con otros escándalos de corrupción con Pemex como protagonista.

Crimen sin castigo

La revisión de documentos clave de la negociación entre Pemex y Vitol para llegar a un acuerdo reparatorio —ocultos hasta ahora, pero obtenidos por Transparencia—, exponen cómo el proceso estuvo empantanado y sus responsables han quedado impunes.

Cuando estalló el caso de Vitol en Estados Unidos, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, exigió conocer los nombres de los involucrados en la trama, dos funcionarios de la filial Pemex Procurement International (PPI) en Houston. El expresidente Andrés Manuel López Obrador incluso amenazó que si Vitol no revelaba la identidad de los presuntos culpables, no podría operar en el país.

Casi inmediatamente, Pemex interpuso una denuncia ante la FGR contra quien resultara responsable, y pasó los siguientes años peleando públicamente con Vitol: suspendió contratos, reclamó y cobró una indemnización de 9 millones de dólares, pero rechazó inicialmente aceptar los otros 22 millones que la firma ofrecía como reparación del daño.

“No basta con una propuesta de indemnización del daño ocasionado, sino que resulta imperante conocer y castigar a los actores que, en abuso de sus funciones, obtuvieron beneficios o ganancias indebidas”, sostuvo Pemex.

Vitol finalmente informó a Pemex que los sobornados fueron Carlos Espinosa Barba, oficial en PPI, y Gonzalo Guzmán Manzanilla, director general de adquisiciones de la filial. Registros de la corte estadounidense indican que entre 2017 y 2019, Espinosa y Guzmán recibieron 600,000 dólares en sobornos de Vitol a cambio de información confidencial para ganar el contrato de suministro de etano. El dinero viajó desde una intrincada red de empresas fachada a un intermediario en la isla caribeña de Curazao y otras cuentas hasta llegar a los exfuncionarios establecidos en Estados Unidos.

Pero toda la insistencia por conocer la identidad de los trabajadores para llevarlos ante la justicia mexicana ha sido infructuosa hasta ahora.

Las auditorías a Pemex revelaron inconsistencias en la adjudicación del contrato que Vitol ganó con los sobornos, así como irregularidades en el precio del etano. Sin embargo, la subsidiaria de Pemex en Houston no sancionó administrativamente a Espinosa y Guzmán; ambos ya habían renunciado a sus cargos cuando Vitol entregó sus nombres.

Lo que sí hizo Pemex al conocer quiénes eran, según respuestas enviadas por Transparencia, fue ampliar su denuncia para incluir a Espinosa Barba y a Guzmán Manzanilla “al ser señalados por la empresa Vitol, como las personas que recibieron los sobornos de dicha empresa”.

Pero el acuerdo reparatorio firmado el año pasado y desclasificado por Quinto Elemento Lab, permite comprobar que para Pemex el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades —la acusación original— ya fue subsanado.

Según se desprende de los documentos desclasificados, en total Pemex obtuvo de Vitol 32 millones de dólares (9 millones por la rescisión de un contrato y 23 millones por reparación de daño) y diversos equipos a cambio de cerrar el proceso penal.

El acuerdo entre Vitol y Pemex indica que la petrolera mexicana obtuvo 23 millones de dólares en efectivo, además de recibir como parte de la indemnización 43 artículos de infraestructura, entre transformadores, celdas de baterías, equipo electrónico y mobiliario que la firma holandesa tenía guardados en una bodega en la Ciudad de México.

Para Romero Oropeza, el millonario acuerdo con la empresa europea se tradujo en un éxito: “Por primera vez se implementó lo que hemos denominado indemnización por corrupción”, dijo el funcionario cuando todavía dirigía la empresa estatal.

Para la Fiscalía, no obstante, el caso sigue abierto. Aunque la falta de transparencia de la FGR impide saber si actualmente investiga otros delitos alrededor del caso.

“No lo veo como un caso aislado, hay una resistencia permanente de la Fiscalía a entregar información”, afirmó Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.

La FGR y Pemex no respondieron a los cuestionarios enviados y Vitol declinó comentar el caso por temas de confidencialidad, aunque mencionó que los cargos por sobornos fueron desestimados este año en Estados Unidos, tras cumplir con un acuerdo de cooperación con las autoridades norteamericanas. Javier Aguilar, exejecutivo de la empresa, fue condenado recientemente y enfrenta una pena de hasta 40 años de cárcel tras declararse culpable de realizar los pagos indebidos a funcionarios de México y de los otros dos países.

Sin haber castigos en la parte mexicana, parece que tanto Pemex como Vitol están listas para volver a hacer negocios juntas. Correos electrónicos obtenidos vía Transparencia muestran el intercambio de mensajes este año entre ejecutivos de ambas empresas sobre un proyecto de servicios de transporte y almacenamiento de hidrocarburos con Pemex Transformación Industrial, previa firma de un acuerdo de confidencialidad y agenda de una visita de funcionarios mexicanos a las oficinas de Vitol en Houston.