Sin claridad, participación de tribunales en acceso a la información: Del Río Venegas

El acceso a la información no está garantizado con la participación de los tribunales administrativos, afirmó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Norma Julieta del Río Venegas. 

“No existe claridad sobre la manera en la cual estos tribunales administrativos garantizarían de forma autónoma, e independiente del propio Estado, que las personas accedan a cualquier información pública que sea de su interés y esté en posesión de las instituciones públicas o de interés público. Tampoco queda claro si también intervendrán en materia de protección de datos personales”, dijo en un análisis para El Economista.

Ayer, la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, al hablar sobre la posible eliminación del Inai, en caso de que se avale la reforma para desaparecer a organismos autónomos, aseguró que se alista un proyecto de reforma de ley con el fin de que la dependencia absorba las facultades del órgano de transparencia justo a otras instancias.

“Nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de Ley General de Transparencia que garantice que esta Secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y, al mismo tiempo, que no sea juez y parte con el involucramiento de otros entes públicos como son los tribunales administrativos, y con eso iniciar una era de transparencia proactiva”, detalló la secretaria.

Sobre la posible absorción de las funciones del Inai, la comisionada defendió el trabajo del órgano de transparencia.

“El Inai se encarga de regular el actuar de los gobiernos, en una materia que no genera ganancias económicas: la transparencia. Por lo anterior, al Inai no se le puede acusar de ser un organismo constitucionalmente autónomo cooptado, o que pretendan cooptar, los grupos del poder económico”, dijo.

Destacó que existe una confusión conceptual sobre el acceso a la información pública y la transparencia.

“El Inai no fue creado para combatir la corrupción, sino para que las personas tuvieran acceso a información pública. El derecho a saber y la transparencia pueden disuadir actos de corrupción y hacerla visible”, detalló.

Debido a esto, consideró que el Inai es un aliado crucial para un gobierno que promueve el combate a corrupción y que la autonomía del mismo fortalece la legitimidad de las autoridades y apoya la visión de que en el país se proporcione un espacio donde se pueda “cuestionar, analizar y mejorar las decisiones gubernamentales”.

Nueva dependencia

En la conferencia presidencial, Buenrostro afirmó que la separación del poder político del económico, será uno de los pilares en los que se sostendrá la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que sustituirá a la Función Pública.

Otros son prevenir la corrupción; dignificar el servicio público al desarrollar una vocación acompañada de principios éticos y de integridad; acompañar los proyectos estratégicos mediante la digitalización de los procesos y con la reducción del contacto humano, donde la nueva Agencia de Transformación Digital será pieza fundamental.

Además del fortalecimiento de la cultura de la denuncia, al incentivarlo en el sector público y privado; investigaciones proactivas y continuas sobre el uso del gasto público y la prestación de servicios, con el fin de corregir irregularidades de manera oportuna; combate a la impunidad, e involucrar a la sociedad en la lucha anticorrupción.

Adelantó, también, la implementación de nuevas reglas en las Leyes de Adquisiciones y Obras Públicas para agilizar los procesos y fomentar la competencia, como la incorporación de subastas electrónicas, que ya han demostrado ahorros significativos de hasta el 70 por ciento.

Del Río Venegas dijo que como una de las novedades de la nueva Secretaría está la apuesta por la transparencia proactiva, un concepto que, según la comisionada, implica que el Estado, por convicción, anticipe la publicación de información antes de que sea solicitada.

No obstante, la funcionaria mencionó que esta modalidad, aunque valiosa, no debe reemplazar el derecho al acceso a la información, ya que no es una obligación legal para las instituciones públicas.