Lectura 3:00 min
Denuncian desorganización e indiferencia en visita de familias a rancho de Teuchitlán, Jalisco
Las familias esperaban escuchar al fiscal general de la República y conocer de primera mano los avances en la investigación.
Colectivos de buscadores que llegaron al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, denunciaron qué el lugar de los hechos fue alterado.
El día en que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Jalisco darían acceso a los medios de comunicación y personas buscadoras, las familias de personas desaparecidas denunciaron que fueron citados por parte de las comisiones estatales de búsqueda pero media hora antes de les notificó que no acudiría el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
"Para ver un circo, para burlarse de nosotros", así describió Patricia Sotelo la visita que autoridades les permitieron realizar al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde previamente se habían hallado fosas clandestinas.
Sotelo, madre buscadora que lleva cuatro años en la búsqueda de su hija Fanny, denunció que el sitio ha sido alterado y que las pruebas de los posibles crímenes han desaparecido. “Las fosas están bien formadas, está acordonado. Ya no puedes asomar donde estaban estos supuestos crematorios”, afirmó en entrevista.
El colectivo de búsqueda al que pertenece ya había ingresado previamente al rancho, pero en esta ocasión, cuando fueron citadas por la Fiscalía de Jalisco, se encontraron con un escenario completamente modificado. “Todo está bien acordonadito, pintado, arreglado, barrido, ya está bien, está limpiecito”, explicó.
Según su testimonio, los restos que alguna vez se encontraron en el lugar ahora solo existen en un “catálogo” digital que las autoridades les muestran en internet, pero del cual ellas querían tener acceso físico. “Nosotros queríamos verlas aquí en físico, lo que queda, porque todo no lo han subido”, comentó, denunciando la falta de transparencia en el manejo de la evidencia.
Anna Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), calificó la jornada como una acción “sumamente irresponsable”.
Las familias esperaban escuchar al fiscal general de la República y conocer de primera mano los avances en la investigación. Sin embargo, al llegar al sitio se encontraron con restricciones que limitaban su acceso. “Nos ponen en una fila, nos dicen que pueden entrar 20 personas, luego regresan esas 20 personas y van otras 20, pudiendo estar solo 10 minutos como si fuera una especie de tour o una visita a algún lugar turístico”, explicó Chimiak.