Desplaza crimen en Chiapas a más de 15,000 personas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó que en Chiapas 15,000 personas han sido desplazadas forzosamente, entre enero de 2023 y junio de 2024; además de que 632 personas desaparecieron en la primera mitad de 2024.

La organización documentó 20 eventos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Las Margaritas y Ocosingo.

La ONG explicó que la violencia vinculada a la delincuencia organizada fue la principal causa de estos eventos, seguida por la violencia contrainsurgente y la violencia generalizada. En total, 15,780 personas fueron obligadas a huir de sus hogares, de las cuales 8,190 provienen de la región Frontera y Sierra.

También, se resaltó que los grupos armados ilegales, incluidos paramilitares y sicarios, se han expandido en Chiapas con el consentimiento o inacción de autoridades.

Desapariciones al alza

De enero a junio de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó 632 desapariciones en Chiapas. Del total, 217 correspondieron a niñas, niños y adolescentes, mientras que la Alerta Amber estatal sumó 234 casos. Según el Frayba, las desapariciones de mujeres en la entidad superan el 60%, en su mayoría adolescentes, cifra muy por encima del promedio nacional de 25 por ciento.

Además, se precisó que de 2019 a 2024, las desapariciones aumentaron en 358% en el estado. En ese mismo periodo, organizaciones como Melel Xojobal reportaron 1,831 casos de menores desaparecidos, destacando un incremento de dos a 10 casos por semana en apenas cuatro años.

“Hoy en Chiapas y México se vive un contexto de crisis de derechos humanos y violencia, sin límite, donde no hay quien pare esta situación de terror que existe en los pueblos y comunidades, lo que conlleva a la continuidad de una serie de violaciones a los derechos humanos.

“Según casos documentados por el Frayba, el Estado tiene responsabilidad directa en los hechos de desaparición de personas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas, privaciones arbitrarias de la libertad; todo esto ligado en las actuaciones operativas de la delincuencia organizada lo que, como consecuencia, es el mantenimiento de una impunidad activa”, se explicó en el texto.

También, se denunció que el Estado mexicano ha fallado en investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, mientras la población, en especial mujeres, niñas y comunidades indígenas, permanece atrapada en un contexto de violencia, miedo e impunidad.