Destinaría gobierno 12,364 millones para proyectos que implican fracking

A pesar del compromiso presidencial de prohibir el fracking, el gobierno de Claudia Sheinbaum destinará 12,364 millones de pesos en 2025 para proyectos que implican el uso de esta técnica altamente controversial, según un análisis de la Alianza Mexicana contra el Fracking. 

La asignación presupuestaria para cuatro proyectos principales —Aceite Terciario del Golfo, Burgos, Proyecto Integral Veracruz y CEE Miquetla— refleja una continuidad en la apuesta por la extracción de gas fósil. Estos recursos se enmarcan en la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030, que prioriza incrementar la producción de gas en México, a pesar de sus riesgos ambientales y sociales.

De acuerdo con el análisis de Fundar, Engenera A.C. y la Alianza Mexicana contra el Fracking, aunque los recursos destinados al fracking han disminuido en comparación con años anteriores, estos proyectos siguen activos desde administraciones previas. En particular:

Aceite Terciario del Golfo (ATG) recibirá 2,423 millones de pesos, un proyecto que abarca Veracruz y Puebla y que planea continuar hasta 2031.

El Proyecto Integral Veracruz (PIV), también con horizonte a 2031, obtendrá la mayor parte del presupuesto con 7,420 millones de pesos. Burgos recibirá 2,266 millones, mientras que CEE Miquetla contará con 256 millones.

“El análisis muestra que en la cuenta pública quedan evidenciadas las cantidades aprobadas y ejercidas para el desarrollo de fracking, siendo 2023 el año que más presupuesto fue aprobado (...) con un total de 25,001 millones de pesos”, denunciaron.

Contradicciones

Por otro lado, se señaló que el gobierno actual enfrenta una contradicción al apostar por el gas fósil como parte de la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural 2024-2030, la cual busca aumentar la extracción de gas fósil de 3,854 a 4,976 millones de pies cúbicos diarios.

La Alianza ha instado al Congreso a aprobar la reforma constitucional en materia ambiental, que incluye la prohibición del fracking. La iniciativa fue dictaminada favorablemente en agosto, pero sigue detenida en el Legislativo.