Turnan al Senado minuta que elimina a los autónomos

Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados concluyó la discusión sobre la extinción de siete órganos autónomos, y al mismo tiempo, creó otra institución con el fin de proteger a México en el T-MEC.

Con 332 votos a favor y 119 en contra, las y los diputados, en su mayoría de Morena, el PT y PVEM, avalaron en lo general y particular la reforma impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar siete organismos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Además de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

Reservas

Durante la discusión, en lo particular, para concretar la extinción de estos siete entes, Morena y sus aliados también avalaron dos reservas al dictamen que fue enviado al Senado de la República para su análisis y votación correspondiente.

Una de estas reservas, propuesta por Morena a través de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Ramírez Cuéllar, plantea modificaciones al Artículo 28 de la Constitución, para crear una nueva autoridad en materia de competencia económica, que concentrará las facultades que anteriormente tenía el IFT en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica y unificarla con todas las facultades establecidas en la Cofece.

Lo anterior para cumplir con lo establecido en el T-MEC, el cual ordena que los tres países cuenten con órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción, en materia de competencia económica.

La nueva institución denominada Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones quedará adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En este contexto, Monreal afirmó que son 15,000 millones que se podrán reasignar, con la desaparición de los órganos autónomos, a otras áreas como educación y salud.

Asimismo, el pleno avaló otra reserva de la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT), al Artículo 27 párrafo sexto, que incluye la restricción del ingreso de empresas privadas en la generación de energía eléctrica y en la explotación del litio en el territorio nacional.

“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional en los términos del artículo 28 de esta Constitución, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones. Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”, se precisó en la reserva.

Lamentan reforma

Después de que se aprobara la reforma, ayer por la tarde el Inai lamentó el hecho.

“El acceso a la información y la protección de datos personales son conquistas sociales ganadas a pulso por generaciones de mexicanas y mexicanos. La reforma aprobada en la Cámara de Diputados implica una regresión para la garantía de estos derechos humanos y los controles democráticos”, indicó en una nota de prensa.

El órgano garante añadió que el que no haya una institución separada del poder político, autónoma y técnica limita el acceso a los derechos que protege el Inai.

“Esta reforma también extingue al Sistema Nacional de Transparencia, indispensable para homologar a nivel nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. El sistema contribuye sustancialmente a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción”, refirió.

Por último, el Inai realizó un llamado a los senadores de la República a cambiar de decisión y “reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos” y manifestó “su disposición para seguir trabajando en el mejor diseño institucional”.