Drones y cámaras espían albergues para migrantes en México: MigrarSinVigilancia

La Coalición Latinoamericana MigrarSinVigilancia, con la participación de organizaciones como Access Now y el Centro LATAM Digital, presentó un informe en el que denuncia la vigilancia y el monitoreo aéreo y digital de albergues que asisten a personas migrantes en México. 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, este 18 de diciembre, el documento evidencia una tendencia: el uso de tecnologías como drones y sistemas de videovigilancia que amenazan la privacidad y seguridad de las personas en tránsito y del personal que las apoya.

El informe fue elaborado a partir de una investigación cualitativa que incluyó entrevistas con personal de 10 albergues distribuidos en el norte, centro y sur de México. Las entrevistas se llevaron a cabo entre mayo y julio de 2024 y recopilaron información sobre las prácticas de vigilancia, las amenazas digitales y los retos de seguridad a los que se enfrentan tanto las personas migrantes como los albergues.

Drones

Desde 2021, diversos albergues en México han reportado la aparición de drones sobrevolando sus instalaciones y las zonas circundantes. Según testimonios recabados en el informe, estos dispositivos parecen estar relacionados con esfuerzos de monitoreo por parte de autoridades gubernamentales o actores no identificados.

Uno de los albergues entrevistados señaló que durante un tránsito masivo de personas migrantes, los drones fueron utilizados para calcular el número de individuos albergados, lo que coincide con consultas formales e informales del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre la cantidad de migrantes atendidos en dichas instalaciones.

Además de los drones, se han identificado cámaras instaladas a lo largo de las vías del tren, un medio de transporte frecuentemente utilizado por personas migrantes. Estas cámaras permiten un monitoreo constante del flujo migratorio y facilitan operativos de contención y detención. Según el informe, estas prácticas representan una clara vulneración al derecho a la privacidad de las personas migrantes.

Privacidad y derechos humanos

El uso de tecnologías de vigilancia masiva, como los drones y los sistemas de videovigilancia, plantea serias preocupaciones en términos de derechos humanos.

De acuerdo con la coalición, estos mecanismos permiten la recopilación de datos personales sin el consentimiento de los afectados, lo que contraviene principios fundamentales de privacidad. Además, la vigilancia constante genera un efecto inhibitorio, afectando la libertad de movimiento y la tranquilidad de las personas en tránsito.

El informe también destaca cómo estas prácticas pueden criminalizar a toda una población vulnerable. La narrativa de que estas medidas buscan garantizar la seguridad alimenta la estigmatización de las personas migrantes y refuerza percepciones negativas hacia ellas, especialmente en comunidades locales donde operan los albergues.

Vulneración de dispositivos y robo de información

Otra forma de vigilancia documentada en el informe es la vulneración de dispositivos electrónicos de personas migrantes, ya sea mediante confiscación directa por parte de autoridades o a través de robos perpetrados por el crimen organizado.

En muchos casos, los perpetradores utilizan herramientas de análisis forense para acceder a información sensible almacenada en los teléfonos, lo que puede derivar en extorsiones, estafas o incluso la localización de individuos para fines de trata de personas.

Un albergue anónimo informó que el INM ha llegado a confiscar teléfonos y documentos de personas migrantes sin ofrecer explicaciones claras. Los dispositivos son devueltos en bolsas junto con otras pertenencias, muchas veces apagados, lo que genera sospechas sobre posibles manipulaciones o accesos no autorizados a su contenido.

Amenazas al personal de los albergues

No solo las personas migrantes enfrentan riesgos debido a estas prácticas. El personal que trabaja en albergues también ha sido objeto de amenazas y ataques digitales. Desde intentos de hackeo a sus dispositivos hasta llamadas telefónicas malintencionadas, los defensores de derechos humanos enfrentan una creciente presión que dificulta su labor.

César Barranco, de la Casa del Migrante Saltillo, reportó casos de extorsión derivados del robo de datos personales mediante aplicaciones digitales. Estas situaciones no solo ponen en peligro la seguridad de los trabajadores, sino que también obstaculizan el funcionamiento de los albergues y la atención a las personas en movilidad.

Colusión entre crimen organizado y autoridades

El informe también revela la colusión entre actores criminales y algunas autoridades. En varias ocasiones, los albergues han sido presionados para compartir información de las personas migrantes que asisten. Aunque muchos centros han establecido protocolos estrictos para proteger estos datos, la intimidación y las amenazas son una realidad constante.

En un caso extremo, un albergue sufrió un incendio provocado tras un conflicto con la comunidad local y las autoridades municipales. Antes del incidente, se reportó el robo de dispositivos electrónicos y documentos, lo que evidencia una estrategia deliberada para atacar a quienes defienden los derechos de las personas migrantes.

Recomendaciones

El informe de MigrarSinVigilancia plantea una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades, las organizaciones humanitarias y los propios albergues. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

1. Prohibir el uso de tecnologías de vigilancia masiva que recolectan datos biométricos sin consentimiento, como los sistemas de reconocimiento facial y los drones.
2. Establecer protocolos claros para la protección de datos personales, asegurando que la información recolectada sea mínima y utilizada exclusivamente para fines humanitarios.
3. Capacitar al personal de albergues en seguridad digital y establecer medidas para prevenir ataques y filtraciones de información.
4. Exigir transparencia a las autoridades en el uso de tecnologías de vigilancia y garantizar que estas medidas cumplan con las leyes de protección de datos.

De acuerdo con el informe, la vigilancia a la que están sometidos los albergues y las personas migrantes en México evidencia una tendencia hacia la criminalización y la vulneración de derechos humanos. La implementación de tecnologías invasivas no solo pone en riesgo la privacidad de los individuos, sino que también perpetúa dinámicas de exclusión y discriminación de las personas en tránsito.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx