Excluyen a unidades que investigan crimen de integrar un comité

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 71 votos de Morena, PVEM y PT, y 21 del PAN, PRI y MC en contra el decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El paquete de enmiendas en ciernes, cuyo dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación, tiene como propósito armonizar la legislación secundaria con la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica que extinguió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y los organismos garantes en las entidades federativas del país.

A propuesta de legisladores de Morena, mediante la presentación de reservas de modificación se aprobó enmendar el párrafo sexto del artículo 39 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para excluir al “Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia” y a “las Fiscalías correspondientes o las Unidades Especializadas en Investigación de Delincuencia Organizada, terrorismo, acopio y tráfico de armas, delitos contra la salud u operaciones con recursos de procedencia ilícita”, de entre los sujetos obligados a integrar un Comité de Transparencia colegiado.

Así como distintos artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la mayoría para precisar artículos a los que se hace referencia y corregir la redacción.

Desde la tribuna, al fundamentar el decreto a nombre de la Comisión de Gobernación,

Margarita Valdez (Morena), su presidenta, explicó que son tres los “objetivos fundamentales” de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum:

Armonizar la legislación secundaria en materia de transparencia y protección de datos personales con los principios establecidos en los Artículos 6 y 16 Constitucionales; tutelar y garantizar el ejercicio ciudadano de los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales, asegurando mecanismos que faciliten su ejercicio más amplio, y suprimir gastos onerosos, duplicidades y burocracias privilegiadas, canalizando los recursos de manera más eficiente.

De acuerdo con el dictamen, las atribuciones conferidas al Inai las realizará la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del órgano Transparencia para el Pueblo.

Organismo subordinado

Al fijar la posición del PAN, Karen González criticó la sustitución del Inai “por un organismo subordinado al poder central que con cinismo lo llaman transparencia para el pueblo, cuando en realidad debería ser: opacidad para el pueblo y total impunidad para el gobierno’’.

Por el PRI, Rolando Zapata afirmó que la desaparición del Inai y la transferencia de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción, entre otras el control de la Plataforma Nacional de Transparencia y la imposición de sanciones por desacato a medidas de transparencia, así como la transferencia al Ejecutivo federal de todos los recursos humanos, materiales y tecnológicos del Inai, “crean un conflicto de intereses; el fiscalizador y el fiscalizado serán el mismo, minándose así toda legitimidad en los procedimientos”.

No se está ante un recorte presupuestal genuino que busca eficiencia, dijo, sino “estamos ante una estrategia deliberada para centralizar el poder en el Ejecutivo eliminando los organismos que garantizaban la fiscalización independiente”.