Sin independencia, nuevos órganos en Ley de Transparencia

L a excomisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), María Marván, advirtió que los organismos como Transparencia para el Pueblo, que se plantean en la nueva Ley General de Transparencia, carecerán de independencia.

“En el Ifai la designación venía de Presidencia, pero había que tener una ratificación por parte del Senado. Hoy día, en toda la lógica, del nuevo régimen autoritario en el que estamos viviendo de concentración del poder, el nombramiento es exclusivo de (Claudia) Sheinbaum.

“Y se supedita a todas las autoridades de revisión de transparencia, la que tendrá que crear el Poder Legislativo, la que tendrá que crear el Poder Ejecutivo, las que tendrán que crear en los estados, todas van a depender directamente de quien las manda”, señaló.

María Marván enfatizó que este modelo generará un “claro conflicto de interés” en el poder Ejecutivo federal

Aunado a que “en el momento en que la persona a cargo haga algo inconveniente para la administración de Sheinbaum podrá ser removida de inmediato y sustituida por alguien más afín”.

Cómo funcionarán y PNT

El pasado 31 de enero, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, anunció los detalles sobre el funcionamiento de la transparencia en México con la nueva reforma.

Una de las principales modificaciones en el esquema de acceso a la información es la redistribución de las autoridades encargadas de garantizar este derecho: en lugar de un solo organismo federal, como el Inai, habría ahora 18 autoridades distintas en el ámbito federal, abarcando al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sindicatos y organismos autónomos.

A nivel estatal y municipal también se aplicará el mismo modelo.

En este nuevo esquema, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) continuará operando, ahora bajo regulación legal, lo que según Buenrostro garantizará su permanencia y evitará la pérdida de información.

Para ello, la entrega de la base de datos por parte del Inai incluirá un “validador criptográfico”, una huella digital que permitirá auditar cualquier posible alteración a la información contenida en la plataforma.

Sobre el organismo denominado como Transparencia para el Pueblo, Buenrostro afirmó que será un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción que se encargará de analizar los casos de peticiones de información relacionados con estadísticas; el comportamiento del gobierno federal y los recursos federales entregados a gobiernos locales.

Con la implementación de Transparencia para el Pueblo, sostuvo la secretaria de Estado, el gobierno federal busca reducir costos administrativos.

La nueva estructura, sostuvo, permitirá atender el 80% de las cargas de trabajo del Inai con solo el 35% de su actual plantilla, lo que representaría un ahorro del 65% en la organización.

Otras problemáticas

Otro de los aspectos que Marván destacó como un retroceso es la desaparición de los recursos de revisión, mecanismo mediante el cual los ciudadanos podían impugnar la negativa de acceso a la información de manera gratuita y rápida.

“Ahora, para poder impugnar una negativa de información, se tendrá que pagar un abogado y enfrentar procesos que pueden tardar meses o incluso años”, explicó.

Respecto a los tribunales especializados en acceso a la información, la experta cuestionó la viabilidad de su operación.

“El problema más grave del Poder Judicial es cómo va a quedar a partir de agosto. No está claro cuándo se elegirá a estos jueces, ni si estarán listos para asumir esta tarea”, afirmó, agregando que tampoco existe garantía de que los jueces laborales, mercantiles o penales puedan asumir responsabilidades en materia de transparencia.

Marván señaló que la eliminación del Inai implica “tirar a la basura” 20 años de experiencia en garantía de derechos, sin que quede claro el supuesto ahorro de recursos que argumenta el gobierno federal.

“Lo único claro es la disminución de la garantía de nuestros derechos”, subrayó.

Causales de reserva

Por su parte, la excomisionada del Inai, Sigrid Arzt, indicó que uno de los cambios más significativos de la nueva Ley General de Transparencia es el incremento en las causales de reserva de información lo que, según ella, “desaparece cualquier sentido de transparencia en el modelo planteado por la actual administración”.

Además indicó que la reforma contempla la judicialización de los casos de acceso a la información, un proceso que hará imposible para los ciudadanos obtener documentos públicos de forma sencilla y accesible.

También dijo que aunque el gobierno ha justificado esta decisión bajo el argumento de la austeridad no ha quedado establecidos beneficios substanciales para el erario público.

“Según lo discutido en la mesa de las comisiones, lo único que se ahorrará es el 0.001% del presupuesto federal, mientras que se plantea la creación de tribunales especializados, lo que implica un mayor gasto”, sostuvo.

Se prevé que esta semana se analice en el pleno del Senado de la República la nueva Ley General de Transparencia. En caso de ser aprobada se turnará a la Cámara de Diputados para su eventual discusión.