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Política

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Infraestructura hídrica tendría recorte de 47.3%

Expertos consideran que el presupuesto anunciado es corto lo que representaría de nuevo un año de rezago en obras hídricas en el país.

Una tremenda fuga de agua potable afectó vehículos y departamentos en la Unidad Habitacional San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa.

Una tremenda fuga de agua potable afectó vehículos y departamentos en la Unidad Habitacional San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa.Moisés Pablo Nava

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales sufriría un recorte presupuestal de 47.3%, en términos reales, en áreas relacionadas con infraestructura hídrica; debido a que, para el 2025, únicamente se le otorgaría un monto de 12,962 millones 42,012 pesos, 10,636 millones 456,529 menos que los 24,613 millones 233,978 que se otorgaron para el ejercicio fiscal de 2024. 

Según datos del Ramo 16 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, se tiene presupuestado otorgar 4,809.9 millones de pesos para la operación y mantenimiento de infraestructura hídrica, lo cual es 0.4% menos que los 4,830.8 millones de pesos otorgados en el presupuesto anterior.

Por otro lado, el gasto para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con 288 millones de pesos, es 97.4% inferior a los 11,255.7 millones que fueron otorgados para 2024. Mientras que, la disminución en el área de gestión integral y sustentable del agua, fue de 7.8% al pasar de 8,526.7 millones a 7,864.1 millones de pesos.

Consecuencias del recorte presupuestal

Especialistas consultados en la materia señalaron que la disminución en la asignación de recursos para organismos operadores de agua podría agravar problemas históricos en el país, como el deterioro de las redes de distribución y la falta de mantenimiento de presas y sistemas clave como el Cutzamala.

Hugo Rojas, expresidente de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (Aneas), señaló que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para inversión en infraestructura física será de apenas 25,000 millones de pesos. Esta cifra, detalló, contrasta significativamente con las recomendaciones internacionales, como las de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que sugieren destinar al menos 1.3% del PIB anual al sector durante 15 o 20 años para mitigar el rezago existente.

“Estamos hablando de más de 450,000 millones de pesos que deberían destinarse, pero el presupuesto actual es sumamente corto. Esto representa un nuevo año de rezago en la infraestructura, que en muchos casos ya ha superado su vida útil”, afirmó.

Además, destacó la reducción en términos reales del programa Proagua, el único de carácter federal enfocado en apoyar a estados y municipios en servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Según Rojas, el monto asignado para este programa es el más bajo en 19 años, el cual disminuiría 19.82%, en términos reales, con respecto al 2024.

Ante este panorama, Rojas planteó la creación de un fondo de infraestructura de agua y saneamiento dentro del Ramo 33. Este mecanismo, dijo, permitiría a estados y municipios destinar parte de sus aportaciones federales a proyectos de agua y saneamiento, con supervisión estatal para garantizar su correcta aplicación.

“(Esta propuesta) podría fondearse con incrementos presupuestales modestos, alcanzando hasta 25,000 millones de pesos adicionales, lo que ayudaría a compensar las reducciones recientes”, sugirió.

Por su parte, Jorge Fuentes, miembro del Consejo Consultivo del Agua, en entrevista con El Economista, dijo que “se deja nuevamente sin recursos a los organismos operadores de agua, que son los encargados de mantener una infraestructura que ya está colapsando. Hay tuberías con más de 40 años y sistemas como el Cutzamala no tienen recursos asignados en este proyecto de presupuesto”.

Además, destacó que las sequías, que han sido cada vez más severas, no pueden afrontarse sin una planeación hídrica adecuada. “Estamos enfrentando fenómenos hidrometeorológicos extremos y no tenemos depósitos ni infraestructura resiliente para adaptarnos”, consideró.

El experto alertó sobre el impacto directo que esta falta de recursos podría tener en el cumplimiento del derecho humano al agua, especialmente en un país donde 10 millones de personas carecen de acceso al agua potable en sus hogares. De no invertirse en proyectos de dotación y saneamiento, esta cifra podría aumentar.

También criticó la dependencia de la política hídrica en factores climáticos. “Confiar en si llueve o no es un error histórico. Las lluvias recientes fueron un alivio temporal, pero las sequías ya son una constante en muchos estados. Por ejemplo, mientras Monterrey logró recuperar sus presas, en Chihuahua las principales están al 15% de su capacidad”, explicó.

A pesar del panorama adverso, el experto subrayó áreas prioritarias en las que podrían enfocarse los recursos limitados. “Lo principal es el mantenimiento de las redes de distribución y el apoyo a los organismos operadores. Ellos son quienes enfrentan las quejas de los ciudadanos y garantizan la calidad del agua”.

Otro punto crítico es la tecnificación del campo, un sector que consume la mayor parte del agua en el país de manera ineficiente. “Invertir en sistemas de riego más eficientes liberaría recursos para garantizar el acceso humano al agua”, sostuvo Fuentes. También sugirió explorar esquemas de inversión público-privada para proyectos de infraestructura, bajo reglas claras y supervisión estricta.

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