ONG ve deficiencias de fiscalías en técnicas para litigar

Deficiencia en las técnicas de litigación; no todas las sentencias atribuyen con claridad y de manera directa el valor probatorio otorgado a cada medio de prueba expuesto durante la audiencia de juicio oral, así como resoluciones judiciales cuya redacción es excesivamente formalista, son parte del proceso penal.

El análisis "Calidad de la justicia. Observatorios de audiencias y resoluciones judiciales: Fuero federal", elaborado por la organización civil México Evalúa, refiere que el acceso a los registros de audio y video de las audiencias parte de la muestra seleccionada representó un reto considerable en el ejercicio de evaluación.

"Es importante destacar que, en contraste, los poderes judiciales estatales han implementado mecanismos más eficientes para garantizar el derecho a la publicidad en este tipo de ejercicios", cita como parte de la conclusión.

Se detectó como aspecto clave, precisa, que el tipo de control y conducción del proceso que ejercen los juzgadores detona o perpetúa prácticas negativas.

"Se trata, por ejemplo, del diferimiento innecesario de audiencias y de la participación de defensas que claramente carecen del conocimiento necesario sobre el proceso penal vigente. Así también quedó evidenciada la necesidad de reforzar las habilidades de investigación de los fiscales del Ministerio Público en delitos complejos como los relacionados con recursos de procedencia ilícita", detalla.

Refiere que no fue posible evaluar el desempeño de la asesoría jurídica victimal en el ámbito federal por los obstáculos enfrentados y respecto de las personas defensoras asegura que si bien se obtuvieron varias sentencias absolutorias, "el sentido del fallo no guarda relación con su desempeño en audiencia sino con una deficiente investigación" de la Fiscalía General de la República (FGR).

Como parte del ejercicio de observación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se revisaron causas penales de Centros de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Ciudad de México e Hidalgo, entidades federativas que cuentan con al menos nueve años de experiencia en la implementación del sistema acusatorio.

El reporte consigna que durante la audiencia inicial, generalmente el desempeño de la defensa como garante de los derechos del imputado es pasivo, limitándose a atacar con dificultades las peticiones o deficiencias del Ministerio Público; "no se trata de una defensa activa que esté apoyada en material probatorio que genere por sus propios medios".

rolando.ramos@eleconomista.mx