Padecen por el crimen 1.3 millones de empresas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, en los que se estima que el 27.2% de las unidades económicas del país fueron víctimas de algún delito durante 2023. Esto representa un total de 1.3 millones de establecimientos afectados y un incremento respecto al 24.6% reportado en 2021. 

El costo total de la inseguridad y el delito en las empresas ascendió a 124,300 millones de pesos en 2023, equivalente al 0.51% del Producto Interno Bruto (PIB). De este monto, 67,200 millones de pesos se destinaron a medidas preventivas, y el gasto promedio por unidad económica fue de 54,451 pesos.

Durante 2023 se registraron 2.9 millones de delitos relacionados con empresas, lo que equivale a un promedio de 2.2 ilícitos por unidad económica afectada.

Ilícitos frecuentes

Entre los delitos más frecuentes destacan la extorsión, con una tasa de 1,562 por cada 10,000 establecimientos, seguida del robo o asalto de mercancías, dinero, insumos o bienes (1,030), y el robo hormiga (1,002). Estos tres delitos representaron 58.8% del total de ilícitos reportados.

El análisis por tamaño revela que las empresas grandes reportaron el mayor índice de victimización, con un promedio de 4.1 delitos por establecimiento afectado. Por sectores, el comercio resultó el más impactado, con un 31.5% de establecimientos víctimas, mientras que las industrias manufactureras y los servicios registraron tasas de 21.6% y 24.2%, respectivamente.

Estados con más casos

Las entidades con mayor prevalencia delictiva fueron Sonora, Aguascalientes y Querétaro, con tasas de más de 3,400 delitos por cada 10,000 unidades económicas. En contraste, Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero reportaron las tasas más bajas, con menos de 1,850 delitos.

El 90.3% de los delitos (2.6 millones) no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación, porcentaje similar al reportado en 2021, en el que 91.5% de los crímenes no fue denunciado.

Entre las principales razones para no informar a las autoridades, el Inegi destacó la pérdida de tiempo (33.4%) y la percepción de que el delito era de poca importancia (14.9%).

A nivel nacional, el 69.4% de las unidades económicas consideró que opera en un ambiente inseguro, especialmente en actividades como el transporte de mercancías, donde el 52.2% de los encuestados expresó sentirse en riesgo.

Sobre la percepción institucional, el 69.9% de las empresas consideró a la policía de tránsito como la autoridad más corrupta, mientras que la Marina fue evaluada como la más efectiva, con un 87.6% de opiniones favorables.

Cifra negra

Franco Barrios, vicepresidente del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, puntualizó en la presentación de la encuesta que se observaron cambios importantes en la distribución y tipo de delitos.

La extorsión disminuyó un 10% a nivel nacional, pero su modalidad presencial se duplicó, aumentando la efectividad de este ilícito y los pagos realizados por las víctimas.

También, subrayó la persistencia de una alta cifra negra, con un 91.5% de delitos que no se denuncian ni registran oficialmente. Mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó solo 10,337 delitos de extorsión en 2023, la ENVE estimó 747,000 casos en el mismo año.

Barrios destacó que esta realidad afecta no solo a las empresas, sino también a las comunidades en las que operan.

Costo del delito

Dwight Dyer, director general de Estadísticas de Gobierno, señaló que los efectos de la pandemia se reflejaron significativamente en el año 2021, con una reducción del costo del delito de aproximadamente el 50% respecto a 2019. Sin embargo, comentó que el panorama comenzó a cambiar en 2023 con la reactivación económica que trajo consigo un incremento en los costos relacionados con el delito.

Graciela Márquez Colín, presidenta del Inegi, expuso la necesidad de ampliar la medición de los costos asociados al delito, incluyendo aquellos relacionados con medidas preventivas como la contratación de seguros.

“Hay un costo asociado ahí que no está medido en el costo del delito, el costo del delito está directamente medido a la victimización, pero tendríamos que pensar que hay unos costos asociados, no a la victimización, pero sí a la posibilidad del delito, y entonces estaríamos hablando de una cifra mucho más alta”, explicó.