Lectura 2:00 min
Respaldan la sentencia en contra de militares
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la sentencia que fue dictada contra militares por la ejecución extrajudicial de jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas en el 2023.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la sentencia que fue dictada contra militares por la ejecución extrajudicial de jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas en el 2023.
Mediante sus redes sociales, la ONU-DH explicó que la rendición de cuentas por acciones de esta gravedad es fundamental para garantizar la justicia de las víctimas y evitar la repetición de estos actos.
El 26 de febrero del 2023, en la colonia Manuel Cavazos Lerma, de Nuevo Laredo en dicho estado de la República, miembros del Ejército mexicano dispararon en contra de jóvenes lo que dejó como resultado cinco personas fallecidas y otra más herida.
Derivado de lo anterior, cuatro militares fueron condenados a 40 años y nueve meses de prisión después de ser encontrados culpables por homicidio y homicidio calificado, en grado de tentativa.
Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López, los elementos implicados, se encuentran bajo resguardo de la Guardia Nacional en el Campo Militar I en la Ciudad de México.
En su momento, la oficina de las Naciones Unidas explicó que el empleo de armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana.
“Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas”, señaló en su momento la ONU-DH.
De igual manera, la organización internacional señaló que durante los últimos años se han presentado situaciones similares en Nuevo Laredo, por lo que se hace más patente la necesidad de llevar a cabo un análisis objetivo y minucioso de las circunstancias en las que se hace uso de la fuerza.
“en particular, las medidas que se deberían adoptar para prevenir graves violaciones a los derechos humanos, así como para remover todos los obstáculos que enfrenta la procuración de justicia para garantizar el enjuiciamiento y sanción de los responsables”, sostuvo.