Tortura y justicia: autoridades, juez y parte en casi el 50% de los casos, informe

El Informe de Hallazgos 2023, presentado por el Observatorio contra la Tortura, Documenta, el Centro ProDH y Fundar, expone la persistencia de la tortura en México y denuncia un dato alarmante: casi el 50% de los casos investigados involucran a las mismas autoridades responsables de investigar estos delitos. Este ciclo perpetúa la desconfianza en las instituciones y fomenta la impunidad.

“La tortura es un delito que sigue vigente y es cometido por servidores públicos. Por ello, la principal obligación del Estado es atender, prevenir y sancionar este delito”, enfatizó Natalia Cordero, de Fundar.

DATO ¿Qué es la tortura?: Se define como cualquier acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento, físico o mental, con el fin de obtener información, confesión, discriminarla, castigarla por algún acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o por cualquier otra finalidad. También se considera cometido o por cualquier otra finalidad. También se considera tortura los actos que, sin causar dolor o sufrimiento, pretendan anular su personalidad. 

La persistencia de la tortura y la impunidad

En 2023, se registró una disminución del 25% en las investigaciones por tortura respecto al año anterior. De las 3,349 investigaciones abiertas, solo el 0.39% (18 casos) llegó ante un juez. Entre las autoridades acusadas, los principales señalados fueron policías municipales, sistemas penitenciarios y secretarías de seguridad pública estatales.

Además, únicamente se dictaron 8 sentencias condenatorias relacionadas con tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según Ángel María Salvador Ferrer, de Documenta, muchos de estos casos no se denuncian por miedo a represalias, desconfianza en la imparcialidad de las investigaciones y barreras económicas o geográficas.

Caso Keren Ordoñez: Un ejemplo de injusticia y tortura

El caso de Keren Ordoñez, a quien hace unos días ratificaron una sentencia de 50 años de prisión por el delito de secuestro en Tlaxcala, ilustra las graves fallas del sistema de justicia mexicano.

A la edad de 19 años, Keren fue detenida de manera arbitraria por elementos de la Policía Federal y Policía Ministerial de Tlaxcala en diciembre de 2015 junto a su bebé de un mes. Durante el proceso, fue sometida a golpes, asfixia y amenazas contra su hija. Los agentes la obligaron a firmar una confesión fabricada bajo coacción. Su hija fue separada de su familia y permaneció 12 días bajo custodia del DIF estatal, en violación del interés superior de la niñez.

“Las autoridades no solo ignoraron las condiciones de vulnerabilidad de Keren al momento de su detención, sino que también exhibieron su nombre y fotografía en medios de comunicación, violando el principio de presunción de inocencia”, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Falta de políticas efectivas

Desde 2017, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura permanece sin aprobación por parte de la Fiscalía General de la República. Esta omisión priva al país de una herramienta clave para enfrentar el problema de manera estructural, se destacó en el informe. 

Jesús Peña Palacios, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, urgió a las autoridades a retomar las recomendaciones internacionales y utilizar informes como el del Observatorio para diseñar políticas públicas efectivas.

Una realidad que no puede ignorarse

El caso de Keren Ordoñez es solo un ejemplo de cómo la tortura y las violaciones a los derechos humanos se combinan con discriminación de género y falta de acceso a la justicia. La ausencia de una perspectiva de género en su proceso y el uso de violencia para forzar confesiones reflejan las profundas deficiencias del sistema.

"Mi hija es inocente. Al principio puse pruebas sobre la mesa, la implicaron en un secuestro con pruebas fabricadas. Han violado los derechos de mi hija, no tenemos nada que nos avergüence. ¿Dónde está la justicia?", cuestionó Ciria Hernández, madre de Keren en un segmento transmitido durante la presentación del informe. 

Para finalizar, las organizaciones del Observatorio se sumaron al llamado de Jesús Peña Palacios de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien mencionó “Confiamos que este material, en conjunto con las recomendaciones internacionales dadas a México en la materia, sean retomadas para el diseño de una política pública de prevención de este delito”

RDMD