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Comienza la lluvia de amparos contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar
El despacho Trusan & Roma Abogados presentó a nombre de 727 trabajadores la primera demanda de amparo ante un juez de distrito en materia laboral; esperan que se les otorgue suspensión definitiva en dos semanas.
El despacho Trusan & Roma Abogados presentó a nombre de 727 trabajadores la primera demanda de amparo ante un juez de distrito en materia laboral; esperan que se les otorgue suspensión definitiva en dos semanas.
Luego de que el miércoles entró en vigor el decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya comenzaron a presentarse, desde ayer, las primeras demandas de amparo y se espera que en las siguientes semanas se sigan presentando más.
El despacho Trusan & Roma Abogados presentó a nombre de 727 personas (tanto trabajadores del sector privado como del Estado) la primera demanda de amparo ante un juez de distrito en materia de trabajo en contra de las reformas a las leyes por las que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El abogado Rodolfo Martínez, socio del despacho, explicó que la demanda se presentó porque la creación del Fondo viola los principios de seguridad jurídica y de no aplicación retroactiva de la ley.
Dijo que el hecho de que los ahorros para el retiro en cuentas inactivas se vayan a transferir al Fondo implica cambiarle a los trabajadores las condiciones en cuanto a quién le va a administrar sus recursos, lo que crea incertidumbre jurídica.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar será financiado, en un inicio, con poco más de 40,000 millones de pesos de ahorros para el retiro no reclamados y que se encuentran en cuentas Afores inactivas de personas de 70 años o más.
En el caso de los trabajadores que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) será a partir de los 75 años cuando los ahorros no reclamados y en cuentas inactivas se transfieran al Fondo.
“Cuando estos trabajadores venían con la ley del 2006 o la ley de 1997 ya cotizando en sus Afores, estaban ellos con una determinación de quién y cómo les iba a administrar sus ahorros de retiro. En el momento que les están diciendo que cuando cumplan 70 años se van para el Fondo esos recursos, ya hay una violación al principio de seguridad jurídica y de no aplicación retroactiva de la ley”, declaró.
El socio de Trusan & Roma Abogados afirmó que si la ley para crear el Fondo hubiera dicho que la transferencia de los recursos en cuentas inactivas aplicaba sólo para quienes empiecen a cotizar después de que entre en vigor, “no habría ningún problema” porque no se toca la voluntad de los trabajadores en cuanto a la forma en que se administrarán sus recursos.
“Un juicio de amparo te puede durar mínimo año, pero esperamos que en las siguientes dos semanas tengamos un otorgamiento de la suspensión definitiva en favor de todos los que promovieron la demanda”, señaló.
Explicó que una vez que se conceda esa suspensión definitiva, los ahorros de los trabajadores amparados ya no se podrán enviar el Fondo de Pensiones aun cuando estén en cuentas inactivas y se deberán de quedar en las Afores.
Añadió que en su despacho estiman que miles de trabajadores más (principalmente funcionarios públicos) decidirán sumarse a las demandas colectivas de amparo. Adelantó que a partir de este viernes iniciarán una gira por varios estados del país para recolectar los documentos y firmas de las personas que quieran ampararse.
“Simplemente por dar un ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, tenemos un grupo de 1,200 personas; en el caso del Inegi, tenemos un grupo de 1,050 personas; en el caso de la Guardia Nacional, tenemos un grupo como de 1,500 personas, entonces ya tengo acordadas con mis clientes varias fechas para la recepción de sus documentos en varios puntos y estados del país”, aseguró.
El despacho Trusan & Roma Abogados tiene una cartera de clientes conformada principalmente por servidores públicos y ha presentado demandas de amparo colectivas contra otras leyes de este gobierno, como la de austeridad republicana.
