La Comisión Europea se rehúsa a explicar la venta de Banco Popular

La Comisión Europea deniega a los inversores de Popular la información que le han pedido sobre la resolución del banco. En un documento al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, Bruselas rechaza proporcionar los textos que los afectados le solicitan para "no dañar los intereses comerciales de Santander" y "proteger las estabilidad financiera de la eurozona".

Se trata del informe de Deloitte, del informe completo del Banco Central Europeo (BCE), de la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) y de un informe sobre los activos de Popular de la JUR.

Esta denegación de la Comisión Europea a la petición que le ha planteado el despacho B. Cremades y Asociados se suma a las negativas de la Junta de Resolución (JUR) y del BCE, en las que precisamente se escuda Bruselas.

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"La publicación de estos documentos podría socavar los intereses comerciales de Santander y de sus accionistas. Los datos financieros antes mencionados, en particular, la información sobre la posición de Popular en el mercado, además de información sobre sus activos y responsabilidades, constituyen información financiera sensible de Santander como comprador de Popular. La revelación de esta información, en este momento, podría socavar la protección de los legítimos intereses comerciales de Santander en lo relativo a su posición competitiva en el mercado bancario", dice la Dirección general para la Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales de la Unión Europea. El documento lo firma su director general, Olivier Guersent.

Además Bruselas añade: "Hacer públicos en este momento estos textos completos podría menoscabar la protección del interés público en lo relativo a la política financiera y económica de la Unión [...]. En particular, los documentos concernidos contienen datos financieros muy sensibles que incumben al sector bancario de la Unión, y cuya revelación podría causar reacciones adversas en el mercado, poniendo en riesgo la estabilidad financiera en la Unión. Hacerlos públicos podría causar efectos indirectos que podrían afectar a la posición financiera de otras instituciones de crédito en la Unión".

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En el plazo de 15 días hábiles, B. Cremades y Asociados va a pedir una reconsideración de la decisión de la Comisión Europea. En el caso de que ésta no lo haga, recurrirán la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Paralelamente, en el recurso que este bufete presentó el 7 de agosto ante el TJUE contra la resolución de la JUR, pidió copia del expediente administrativo.

En dicho recurso, se solicita la nulidad de la decisión y, en "consecuencia, que se devuelva a los inversores las acciones y demás instrumentos de capital de Popular. Además, se pide una compensación equivalente al valor neto de los activos de Popular a fecha de 7 de junio del 2017.

En su recurso, se reclama que se interrogue a Elke König, presidenta de la JUR; Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea; al propio Guersent, que firma el documento de Bruselas; Luis de Guindos, ministro de Economía, y Luis María Linde, gobernador del Banco de España, entre otros.

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También han recurrido ante el TJUE la decisión de la JUR Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de casi 4,000 inversores agrupados en torno a la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec); Adicae; el bufete Rúa en representación de 2,000 minoristas, y Kirkland & Ellis, de parte de Antonio del Valle y otros inversores mexicanos.

Los fondos Anchorage, Algebris y Ronit, a los que asesora Quinn Emanuel, han presentado varios recursos. Asimismo tienen previsto recurrir Ramón C. Pelayo Abogados en representación de la Sindicatura de Accionistas de Popular, y Andrónico Luksic, al que asesora Roca Junyent. A esto se suman recursos contra la resolución del Frob ante la Audiencia Nacional, además de acciones penales.

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