Multas millonarias a empresas por acoso telefónico, propone Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores, promueve reformas a las leyes Federal de Protección al Consumidor, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que pretenden sancionar el acoso u hostigamiento telefónico con fines publicitarios, mercadotécnicos y de venta.

Las instituciones financieras que incurran en dicha práctica se harían acreedoras a multas de 2,000 a 125,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); para el 2018 dicha referencia económica es de 80.60 pesos, por lo que la sanción máxima ascendería, a cifras actuales, a 10 millones 75,000 pesos.

De acuerdo con la iniciativa, los cambios son necesarios ya que a pesar de la multiplicación de instrumentos normativos para salvaguardar la información de las personas, los usuarios son susceptibles de vulneraciones a la protección de datos personales y en los últimos años los delitos relacionados con el uso indebido de dicha información han ido en aumento.

“A todos nos es cercana la experiencia de recibir diariamente y de distintos números telefónicos llamadas con la intención de ofertar la venta de productos financieros o el cambio de proveedores de servicios de telecomunicaciones. Nadie que cuente con un número telefónico móvil o fijo se ha salvado de recibir llamadas en forma reiterada por parte de operadores que ofertan con insistencia algún bien o servicio”, cita la exposición de motivos.

Precisa que son tres las modalidades principales para la realización de llamadas publicitarias: robocalls, spam y estafadores, que son las llamadas telefónicas realizadas a través de sistemas automatizados con mensajes pregrabados, las que se realizan con insistente frecuencia, cuyo objetivo es vender algún producto o servicio, y que normalmente suplantan la identidad de otras entidades para conseguir información confidencial bancaria sobre la víctima, respectivamente.

“La gravedad subyacente de estas prácticas radica en el uso indebido de datos personales en posesión de particulares, que poco o nada ha sido atenuada mediante mecanismos sancionatorios ejemplares”.

El zacatecano puso como ejemplo el caso de Estados Unidos donde el año pasado la Federal Communications Comission impuso una multa por 120 millones de dólares, la más alta en la historia, a una persona física por hacer más de 96 millones de llamadas telefónicas en tres meses, escondiendo su identidad, para ofrecer paquetes vacacionales a decenas de miles de incautos. En el 2017 multó a Philip Roesel con 82 millones de dólares por realizar llamadas telefónicas y atacar a consumidores vulnerables para venderles con engaños seguros para personas de la tercera edad.

En el caso de México, explicó, no hay evidencia de multas a empresas que practican hostigamiento telefónico a pesar de que call centers, encuestadores, bancos y empresas acosan a los usuarios de 20 millones de líneas fijas y de 115 millones de líneas móviles registradas en el país.

De ahí que la propuesta de Monreal Ávila consiste en cambiar de manera radical de modelo para que ya no sea responsabilidad del usuario frenar los actos de molestia que generan las llamadas telefónicas, mediante el registro correspondiente ante las autoridades, y sólo reciba la publicidad que desee al otorgar su consentimiento previo, expreso e informado, que podrá revocar en cualquier momento.