Nacionalización de AIG fue ilegal: Juez

La nacionalización de la compañía de seguros estadounidense AIG durante la crisis financiera de 2008 para salvarla de la quiebra fue "ilegal" pero sus accionistas no tienen derecho a recibir una compensación por la misma, decidió este lunes un juez de Estados Unidos.

"Nada permitía a la Reserva Federal (Fed, banco central) tomar el control de un grupo privado o conducir sus actividades como si el gobierno fuera su propietario", indicó el juez Thomas Wheeler, quien de todas formas no le dio la razón a Maurice Greenberg, exdirector ejecutivo de AIG quien, junto a otros accionistas, reclamaba miles de millones de dólares en daños e intereses.

En setiembre de 2008, en plena crisis financiera, el banco central estadounidense otorgó un préstamo de 85,000 millones de dólares, con tasas de interés muy elevadas y tomando el control del 79.9% del capital de AIG, lo que implicó además el despido del director ejecutivo. Las inyecciones de fondos públicos en AIG terminaron alcanzando 182,000 millones de dólares.

"Una cosa (...) es haber dado un préstamo de 85,000 millones de dólares a tasas exorbitantes pero otra es haber remplazado al director de AIG y haber tomado el control de sus operaciones", indicó el juez Wheeler en su decisión, añadiendo que el banco de Reserva Federal de Nueva York, que actuaba en nombre de la Fed, "no tenía derecho de controlar y administrar los asuntos de una empresa a la que había dado un préstamo considerable".

Al mismo tiempo, el juez estimó que los accionistas no habían sido afectados por esta operación que, finalmente, permitió a la aseguradora recuperarse y evitar una bancarrota.

Sin ayuda pública "la conclusión ineludible es que AIG se habría declarado en quiebra, según todas las probabilidades durante la semana del 15 al 19 de setiembre de 2008. En ese caso, el valor de las acciones abría caído a cero", indicó el magistrado en su decisión, esperada con gran expectativa en Washington.

Aunque era ilegal hacerse cargo de AIG "el gobierno no causó una pérdida económica a los accionistas de AIG", concluyó el juez.

erp