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Sector Financiero

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Prevención de lavado, el mayor reto de la Ley Fintech

El Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento consideró que es demasiada regulación.

Los temas de prevención de lavado de dinero que contempla la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, serán los que mayores retos representen a las plataformas interesadas en operar bajo esta normativa, indicó el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento (IIEC).

De acuerdo con Alexandra Mateos Calderón, colaboradora del IIEC y experta en temas de cumplimiento financiero, las normas previstas para el sector fintech en México, en especial las enfocadas en prevención de lavado de dinero, serán todo un reto para las instituciones de tecnología financiera, debido al tamaño de muchas de ellas.

“Muchas de esas empresas se crearon para no tener intermediarios en materia financiera, entonces esa normativa será un reto para ellas (...) las instituciones tendrán que tener controles mínimos y medidas para proteger a la institución y prevenir el lavado de dinero”, explicó en entrevista Mateos Calderón.

La experta detalló que la ley pide a las plataformas que sean autorizadas para funcionar como Instituciones de Tecnología Financieras (ITF) ciertas normas que son similares a las que requieren cumplir las instituciones financieras tradicionales, tales como un oficial de cumplimiento certificado para la prevención de lavado de dinero, un esquema de auditoría, así como un manual de políticas y procedimientos, los cuales tienen que tener un enfoque basado en riesgos, entre otros.

“Trataron de hacer una tropicalización de lo que hay en los otros sectores al  fintech, pero es demasiada la regulación y aun así el regulador realmente lo hizo de una forma más flexible para que se permitiera el acceso a la inclusión financiera y eso ayudó mucho, pero por otro lado, son retos muy fuertes”, comentó Mateos Calderón.

La colaboradora del IIEC explicó que además de lo ya mencionado, las ITF autorizadas deberán de contar con sistemas automatizados para prevenir la actividad de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los cuales tienen que comunicar al oficial de cumplimiento cualquier anomalía que pudiera dar paso a este delito, con el fin de generar el reporte correspondiente a la autoridad.

“Estos sistemas de la institución se tienen que comunicar y uno de ellos es la parte de denuncia. Por ejemplo, cualquier anormalidad que pase dentro del esquema de prevención de lavado de dinero tiene que llegar al oficial de cumplimiento, el cual tiene que reportar las actividades inusuales, o conocidas como actividades internas preocupantes o los reportes de las operaciones dependiendo del monto”, acotó.

Los daños

Para Gustavo Martínez, presidente del IIEC, las plataformas que no cumplan con esta normativa más allá de las multas que les pueda aplicar la autoridad, tienen el riesgo de que se genere un daño a su reputación que las afecte seriamente con el riesgo de desaparecerlas.

“Es muy relevante el daño reputacional que pudiera existir para la compañía, donde ciertamente si un ejecutivo actúa de forma independiente, empieza a actuar fuera de las políticas o procedimientos o conducta ética que marca cualquier compañía, entonces el daño a su reputación por tener una falta de controles, que puedan monitorear o anticipar este tipo de situaciones, para una compañía la puede hasta desaparecer”, comentó el presidente del IIEC, que cuenta con presencia en seis países de América Latina.

En este sentido, Mateos Calderón recalcó el riesgo para una plataforma fintech en caso de que la debida diligencia que aplica a sus clientes falle: “Puede venir un daño reputacional tan grande que podría tirar a una institución en dos días por una falla en la debida diligencia, por eso es muy importante cumplir con toda esa normativa”.

La experta añadió que aunque puede ser muy oneroso para una fintech cumplir con la parte de prevención de lavado de dinero, puede resultar más caro el tema de las sanciones por no cumplir con dicha ley.

“Todo es un costo que generará para implementar un programa de prevención de lavado de dinero, pero es un reto porque pueden llegar sanciones (si no se cumple). Tan sólo en el 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recaudó 125,000 millones de pesos de puras sanciones en todo el sistema financiero, son muy altas las multas”, agregó Mateos Calderón.

De acuerdo con las disposiciones secundarias de la Ley Fintech, es necesario aplicar reglas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a las plataformas que se rijan bajo dicha normativa, debido a que existe la posibilidad de que sean utilizadas para cometer ciertos ilícitos como el blanqueo de capitales.

“Existe la necesidad de contar con la regulación adecuada que permita tener los elementos suficientes para evitar que las ITF sirvan de medio comisivo para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo”, se puede leer en la normativa.

“Las ITF deben identificar, evaluar y tomar acciones para mitigar riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a través de mecanismos de conocimiento de sus clientes que sean acordes al riesgo que estos representan”, agregó.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx

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